Por Cooesdua y Colectivo de Trabajo Pachakuti

Cuando lanzamos juicios cómodos y lastimeros frente a la problemática de la migración venezolana sin reconocer nuestra propia realidad, se evidencia la falta de criterio de la sociedad colombiana y de su “opinión pública” para reconocer las problemáticas, en las que el desplazamiento forzado de comunidades completas se ubica en los primeros renglones en la larga lista de miseria en nuestro oasis de mentiras.

En esta ocasión la comunidad del barrio Moravia, sector del Oasis, en la comuna 4 de Medellín, se ve una vez más afectada por esta problemática, convirtiéndose en otra víctima del despojo y el desplazamiento por parte de la institucionalidad gubernamental, policial y su honorable proyecto de innovación. Dicho proyecto especula con la tierra de sus habitantes, quienes con fuerza propia levantaron un barrio en lo que era el basurero municipal de la ciudad entre los años 50 y 80; hoy padecen la cacareada innovación inmobiliaria de los empresarios.

Los hechos de violencia estatal

En las horas de la noche del pasado domingo 27 de enero, la comunidad del Oasis, luego de dos años de esperar una solución de vivienda digna e integral por parte de la administración de Federico Gutiérrez, decidió abandonar los bajos del puente de la Madre Laura -su albergue temporal- para emprender la reocupación de los terrenos donde se ubicaban sus viviendas antes de ser arrasadas por un confuso incendio ocurrido el 18 de agosto del 2017.

Esta iniciativa de la comunidad tuvo una pronta respuesta del establecimiento, quien, desde las horas de la mañana del lunes 28 de enero, inició operativos de desalojo a cargo de la Secretaría de Control Territorial y del Escuadrón Móvil Anti-Disturbios (ESMAD), con un uso desmedido de la fuerza represiva para una comunidad integrada en gran parte por niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.

Acostumbrada al tratamiento de la administración, sin un refugio seguro y con dos días de operativos y enfrentamientos, la comunidad en compañía de colectivos estudiantiles de la Universidad de Antioquia, decide albergarse en el coliseo de dicha institución el día martes 29 de enero a partir de las 7:00 pm, donde rápidamente se hace un censo de las familias y una valoración médica por parte de los estudiantes, se monta una cocina comunitaria, tratando de descansar y recobrar fuerzas con un sentimiento de angustia producto no sólo del caos vivido, sino del que se avecinaba.

Pasadas las 12:30 de la madrugada, se congregan al frente del Centro Comercial Aventura 12 patrullas de la policía; 14 carros particulares, entre los que destacan busetas de transporte escolar; aproximadamente 25 motos de la policía y 100 agentes uniformados, otros tantos de civil; policía canina y algunos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES). Se destacaban sus tonos silencios y acciones amenazantes e intimidantes. La magnitud del operativo que se avecinada prendió la alerta de los colectivos de derechos humanos y demás personas al interior del campus.

A las 3:15 de la mañana arriban dos tanquetas del ESMAD que esperan afuera mientras aproximadamente 50 miembros de la policía ingresan por la portería ferrocarril diciendo que tienen orden de evacuación ¡Sorpresa! Las cámaras de la portería, que podían registrar el uso desmedido de la fuerza, fueron inhabilitadas por la administración de la Universidad; la comunidad se desplaza hasta la portería de Barranquilla donde se comunica con Personería, quienes cínicamente afirman solo sentarse a dialogar con la representación de cada unidad familiar por separado y amenazan con el desalojo violento.

En efecto, tras el discurso amable, moderno y competitivo de la famosa Ruta N y el Distrito de Innovación, los cuales modifican estructuralmente el uso de los suelos a favor del capital transnacional bajo la lógica de la ganancia y la acumulación de capital, se esconde la represión, las consecuencias de despojo y miseria propios de una sociedad como la nuestra, en la que importa más la ilusión del progreso que la dignidad y el Estar Bien de los territorios y sus comunidades.

Lo que se evidencia tras cada ocupación, como la descrita en este apartado, o por los doblemente desplazados pobladores de los barrios La Honda, La Cruz y Bello Oriente en el año 2003, los campesinos afectados por la represa Hidroituango en el año 2013 o la llevada a cabo en la Universidad Nacional por la comunidad de Los Ranchitos (Iguaná) en el 2017, es que existe un potencial organizativo entre el estudiantado de las universidades públicas y la lucha territorial emprendida por diferentes comunidades. Ahora bien, lejos de romantizar la solidaridad que despierta el despojo y el desarraigo, es necesario que el estudiantado trascienda de las reivindicaciones gremiales y comprenda el papel que juega dentro de la lucha popular.

Hoy 30 de enero y en el marco del cierre de la coyuntura y movilizaciones estudiantiles del paro iniciado en 2018, la sociedad exige al estudiantado la superación de las versiones y perspectivas lastimeras frente a las distintas problemáticas sociales, y por el contrario lo invita a sumarse de manera protagónica a las distintas luchas y reivindicaciones del pueblo colombiano.