Robinson Hernández, actual concejal del municipio de Girardota por el partido de la U,  fue denunciado ante Contraloría y Procuraduría por presuntas irregularidades en contratación durante el periodo en que ejerció la presidencia del concejo municipal.

Que los señores concejales del municipio se capaciten y busquen mejorar su formación académica siempre será algo bien recibido y digno de aplaudir. Que lo hagan a expensas del dinero público, y además deje serias dudas en los contratos que firman para ello, es otro asunto ya cuestionable. El problema surge cuando las capacitaciones son la excusa para los contratos dudosos y el pretexto para que los dineros públicos terminen en los mismos sacos rotos de siempre.  

Si se dice, por ejemplo, que se necesita dar una capacitación para que los concejales reciban una formación sobre los derechos constitucionales de primera, segunda y tercera generación, de entrada se piensa que, de dicho tema, por su rigor teórico, seguramente se debe ocupar una universidad, o por lo menos un profesor jurista que tenga autoridad para enseñar sobre eso.

Pero en Girardota la cosa funciona de manera muy distinta. El año pasado, el señor Robinson Hernández, siendo presidente del Concejo Municipal suscribió un contrato para capacitar a sus colegas concejales, donde, según decía lo firmado: “se espera que los representantes del concejo municipal de Girardota adquieran herramientas y conocimientos que les permitan liderar la defensa de los derechos de primera, segunda y tercera generación.” (ver contrato)

Lo insólito es que el encargado de capacitar a los concejales en un tema tan especializado, no haya sido ni un abogado, ni una entidad educativa. El contrato para esa formación se firmó con el señor Francisco Luis Madrid y su establecimiento de comercio La antioqueñita productos y servicios, que según su certificado de cámara de comercio se dedica al: “comercio de productos y el transporte de pasajeros.” 

Cómo es que un transportador de pasajeros y comerciante puede dar cátedra a los concejales sobre los derechos constitucionales de primera, segunda y tercera generación, es una pregunta que no se ocuparon de responder a la hora de justificar la necesidad del contrato. 

El mismo, además, se firmó el 19 de diciembre de 2016, poco antes de que terminara el período del señor Robinson en la presidencia del concejo, y en una época navideña en la que todo el mundo está distraído en las celebraciones y hay poca veeduría para esta clase de cosas. 

Lo otro que llama la atención es el anormal plazo que acordaron para ese contrato de capacitaciones. Pues se pactó que se hicieran en sólo una semana, y el valor a pagar por ellas fue de $11.000.000 (once millones de pesos).
Lo que querría decir que los juiciosos concejales, y el formado comerciante y transportador, ahora vuelto capacitador jurista, estuvieron durante toda la época de navidad en clases de formación sobre derechos constitucionales.       

Indagadas varias personas al interior de esta corporación ninguna recuerda haber recibido jornada alguna de formación en esos temas, mucho menos por esas épocas.
El contrato además se redactó de manera tan oscura y poco clara, que parece deliberada. No dice la forma en que se darán esas jornadas de formación, si serán talleres, clases, etc.; tampoco tiene cronogramas, ni número estimado de horas para esa capacitación. 

En los archivos oficiales no hay ninguna prueba de que dicho contrato se hubiera ejecutado. Ni fotografías de los talleres ni material que se hubiera entregado. Sólo existe una certificación hecha por la misma secretaria del concejo, donde deja constancia de que las actividades no se cumplieron a cabalidad, pero aun así autoriza el pago al contratista, y para rematar sin ningún soporte probatorio que indique que el contrato se cumplió en el porcentaje reportado. 

Se trata entonces de un contrato hecho sobre la hora, firmado con prisa, con una persona claramente no idónea para lo contratado, y para realizar unas actividades de las que no se sabe nada, por una suma de dinero nada despreciable.

Lo más grave es que esta no es la primera vez se reporta algo así dentro del concejo de Girardota. Esa forma de suscribir contratos dudosos sobre capacitaciones fantasma ya tenía un antecedente. En julio de ese mismo año 2016, también el señor Robinson Hernández firmó otro contrato, esta vez con la sociedad Construcción Colectiva S.A.S., que tenía como objeto la supuesta: “Prestación de servicios de apoyo a la gestión para el fortalecimiento institucional a través de actividades de formación ciudadana en el municipio de Girardota.” (Ver contrato)

De nuevo se trata de un contrato con fines pedagógicos, donde además se contemplaba que el contratista debía “Diseñar y elaborar elementos pedagógicos que promuevan la participación democrática”. 

Pero esos supuestos elementos pedagógicos que se debían entregar son también un nuevo misterio. Por un lado, ni el contrato ni en los estudios previos se especifica cantidades, y mucho menos calidades, por lo cual el contratista cumplía igual si  entregaba uno  o cien lapiceros. Por otra parte, no existe ninguna evidencia en los archivos que indique qué clase de material se entregó para cumplir esta obligación (en los informes hablaban de manillas y souvenires, algo muy distinto a elementos “pedagógicos”).

Para colmo, el pago por dicho contrato fue de 32 millones de pesos, y las horas estimadas para esos talleres de formación —este por lo menos sí hablaba de horas—  fue de “60 horas de talleres dirigidos a población estudiantil y comunitaria”. Lo que quiere decir que, por cada hora de taller dado, al contratista se le pagaron 533 mil pesos. Una cifra que no se paga en ninguna de las más importantes universidades de la región a ningún profesor que enseñe en ellas el mismo tema. 

Para hacerse a una idea, un profesor universitario, con título de abogado, y posgrado, por enseñar la materia de formación ciudadana en la universidad Eafit de Medellín, recibe un pago aproximado de 29 mil pesos la hora (ver investigación revista Semana). La mayoría de las actividades, a juzgar por las planillas y por las fotografías, se realizaron en locaciones públicas, lo que evidencia que no generó costos adicionales por este concepto. En las planillas que entregan como evidencia, muchas no tienen encabezados, y algunas fotografías del primer informe se repiten en el segundo. 

El municipio de Girardota paga entonces 20 veces más de lo que paga Eafit, por la misma formación. Una diferencia abrumadora en cuanto a precios, perfiles e idoneidad.
Es necesario que los órganos de control se pronuncien sobre el proceder de quienes firmaron estos dos contratos, y se logre explicar si acaso se está gestando en Girardota una especie de “cartel de la capacitación” al interior del concejo, donde bajo la excusa de formar a los cabildantes en temas académicos, se haya encontrado la forma de desviar millonarias sumas de recursos públicos hacia bolsillos privados. 

Procuraduría y contraloría tienen la palabra, ante las denuncias formulada por el movimiento ciudadano Más Conciencia.