El crimen de Juan Amaya agrava la situación de derechos humanos en esa población del Norte de Antioquia. En días recientes otras tres personas fueron sido asesinadas y cuatro mujeres se desplazaron del municipio.

En la carretera que conduce hacia el corregimiento La Granja del municipio de Ituango fue hallado el cuerpo sin vida de Juan Fernando Amaya, indultado del Frente 18 de las FARC, quien estaba en proceso de reincorporación en esa población del Norte de Antioquia.

El joven, que estuvo detenido en la cárcel Bellavista de Medellín, había regresado a Ituango hace tres meses luego de recibir el beneficio de indulto. Allí, empezó a trabajar en un establecimiento comercial de su propiedad, ubicado en la calle peatonal.

El crimen ocurre en un municipio con fuerte presencia institucional y de la fuerza pública a raíz de la ubicación en este territorio de la Zona Veredal Transitoria de Normalización de Santa Lucía, donde se agrupan 238 exguerrilleros del Frente 18 de las FARC para cumplir su proceso de reincorporación a la vida civil. Ver: Santa Lucía espera mucho de la paz

Así mismo, el municipio ha sido priorizado por la Gobernación de Antioquia para instaurar allí una de las Vicealcaldías de Paz propuestas por el gobernador, Luis Pérez Gutiérrez, para, según él, llevar la presencia del Estado y sus instituciones a las zonas que fueron dominadas por las FARC, a fin de evitar que otros actores armados tomen control del territorio y causen un problema mayor. Ver: Organizaciones de derechos humanos rechazan las vicealcaldías de paz que propone la Gobernación de Antioquia

Información recogida por la Agencia de Prensa IPC en la zona, indica que en este municipio actualmente tendrían incidencia las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y la banda Pachelly originaria del municipio de Bello en el Valle de Aburrá.

Con esta muerte ya son 6 los miembros de las FARC asesinados luego del acuerdo de paz, según datos del movimiento político Marcha Patriótica en Antioquia. A ellos se suman 9 familiares de integrantes del grupo insurgente asesinados hasta ahora.

Preocupa la situación de derechos humanos en Ituango

En días recientes, la Mesa de Derechos Humanos de Ituango envió una alerta advirtiendo que los “paramilitares intentan retomar a Ituango 13 años después”. Esto tras el agrupamiento del Frente 18 de las FARC en la zona veredal.

Cabe recordar que entre el 22 y el 25 de octubre de 1997, paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia incursionaron en el corregimiento El Aro de Ituango y cometieron una masacre que dejó 15 muertos. Hechos por los que la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín ordenó investigar al expresidente y hoy senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien para la época era Gobernador de Antioquia.

Actualmente, de acuerdo con la denuncia de la mesa de derechos humanos, las comunidades han alertado nuevamente sobre la presencia de paramilitares en la región. Desde diciembre de 2016, hombres armados estarían obligando a las personas a reunirse para establecer reglas comunitarias y pidiendo acceso a información detallada de los miembros de las Juntas de Acción Comunal.

“Esta avanzada paramilitar”, advierte la mesa de derechos humanos, se ha incrementado de manera progresiva con agresiones a las comunidades, como el atentado del 10 de febrero que dejó una persona herida en la vereda Altos de Chirí en el municipio de Briceño, donde se adelanta el plan piloto de sustitución de cultivos de uso ilícito.

Dicha avanzada, concluye la denuncia, se desarrolla en varias regiones del departamento, acosando principalmente a “comunidades ubicadas en zonas estratégicas para el ingreso al Nudo de Paramillo como es el caso de la comunidad de San José de Apartado”, en el Urabá antioqueño.

Según el comunicado, entre el 17 de mayo y el 25 de junio han sido asesinadas tres personas, dos en el corregimiento Santa Rita y una en la cabecera municipal. En ese mismo periodo, cuatro mujeres salieron desplazadas del casco urbano por amenazas, sin que la Personería Municipal les recibiera la respectiva denuncia.

El documento recopila los siguientes hechos:

“1. El 17 de mayo del 2017 en lugar conocido como La Trampa, jurisdicción del corregimiento de Santa Rita, fue asesinada con arma blanca una persona conocida con el alias de “Serpa”.

2. El día 31 de mayo de 2017 quebrada Las Ánimas en mediación de las veredas La Francia y El Tigre pertenecientes al corregimiento de Santa Rita, es asesinado con arma blanca el señor Francisco Javier Bedoya.

3. De la semana 19 al 25 de junio de 2017, son desplazas forzosamente cuatro mujeres, las cuales vivían en la zona urbana. Las víctimas manifiestan que se acercaron a la Personería municipal de Ituango a presentar su respetiva queja la cual no fue recibida el señor Personero, lo que les ofreció fue las pasajes para que trasladaran para la ciudad Medellín. Nos reservamos a la identidad de las víctimas para proteger integridad física de estas.

4. El día 25 de junio de 2017, a eso de las 10:15 pm en el casco urbano, en lugar conocido como La Peatonal, fue asesinado con arma de fuego una persona de nombre Jonathan David Machado Saldarriaga, en este mismo hecho resultaron heridos una joven y un joven.

5. Es notorio el incremento del consumo de drogas alucinógenas dentro de la zona Urbana.”

A estos acontecimientos se suman al desplazamiento de 26 personas ocurrido en enero de este año en la vereda El Cedral por amenazas de las AGC. Y la salida del profesor José Jamel Rodríguez de la vereda Santa Rita, tras recibir amenazas y sufrir un atentado a bala en su vivienda.

El llamado de la Mesa de Derechos Humanos de Ituango es a que las autoridades civiles y militares tomen las medidas necesarias y emprendan acciones urgentes para proteger a las comunidades de la zona.