Por Bibiana Ramírez

La implementación del Acuerdo de Paz en este municipio del Bajo Cauca antioqueño va lenta. Desplazamientos masivos y asesinatos selectivos son el pan de cada día y allí sólo llega la Fuerza Pública, insuficiente para las necesidades que aquejan a sus pobladores. Para el próximo 1 de mayo se anuncia marcha de protesta.

El Bajo Cauca es la subregión más pobre de Antioquia y también la más violenta. Por allí han pasado, históricamente, bandoleros, guerrillas, paramilitares, narcotraficantes y delincuencia común, en busca del control del territorio para sacar provecho de las economías ilegales, sustentadas en la cadena de procesamiento de la hoja de coca para uso ilícito y la minería.

Uno de sus mayores atractivos es su posición geoestratégica: está en el corazón del país y permite la movilidad entre las costas del Caribe y del Pacífico y la frontera oriental de Venezuela que son las principales ruta del narcotráfico. El 70 por ciento de su población vive de la coca y la minería. Los campesinos saben que son tierras fértiles para cultivar alimentos, pero la falta de vías de acceso y la ausencia de un Estado integral los ha empujado a la ilegalidad.

Para atacar esos problemas, los seis municipios que integran esta subregión se priorizaron en el Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y las antiguas Farc, tanto en el punto uno, de reforma rural integral, que contiene los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), como en el punto cuatro, de solución al problema de las drogas ilícitas aplicando el Programa Nacional Integral de Sustitución (PNIS).

El propósito de ambas iniciativas era atacar los males de raíz y sacar a buena parte de las comunidades de la ilegalidad, a partir de la financiación de proyectos productivos con los cuales se reemplazaran de manera eficiente los sembradíos ilegales y se dotaran los corregimientos y veredas de infraestructura para mejorar su calidad de vida, tanto en accesos viales, como en escuelas, puestos de salud y centros culturales.

Lo que en principio fue esperanzador, poco a poco se fue convirtiendo en angustia, pues las promesas del Estado se fueron quedando cortas y las pocas que se han cumplido aún no logran colmar las expectativas de sus pobladores. Un ejemplo de esa insatisfacción es lo que viene ocurriendo en Tarazá, a donde llegó la hoja de coca para uso ilícito en la década del noventa y se ha mantenido hasta ahora, pese a la presencia del PNIS desde el 2017, al que se suscribieron 930 familias, que de inmediato arrancaron 364 hectáreas de sembradíos ilegales, según reportó la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc).

En el 2013, cuando nuevamente empezó la bonanza cocalera, Tarazá tenía 338 hectáreas sembradas y en el 2017 pasó a tener 3.803 hectáreas según el Observatorio de drogas de Colombia.

Piensan en volver a la coca

La confianza que generó la firma del compromiso con el PNIS se ha venido deteriorando de manera paulatina, tanto por las demoras del Estado en girar los dineros a los beneficiarios como por la negativa de decenas de familias a suscribir esos pactos y por la presión que vienen ejerciendo grupos armados ilegales.

“Las primera inscripciones se hicieron en el corregimiento El Doce. Ese día hubo misa y el cura me dijo que me subiera al púlpito a explicar a la gente por qué no se podían inscribir. Yo me subí al púlpito y dije que esto es voluntario, cada cual verá, van a llegar unos pagos, pero de todos modos la coca la van a arrancar, y me bajé, cogí una moto y me fui para Tarazá, con mucho susto”, relata Rodrigo*, un líder local.

La situación, tal como lo habían previsto algunos taraceños, se fue enturbiando. No se habían cumplido los dos primeros meses de haberse firmado el PNIS cuando el 23 de octubre de 2017 fue asesinado Miguel Pérez, integrante de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac), quien impulsaba el proceso de sustitución voluntaria en Tarazá.

La persecución desatada contra los promotores de la sustitución voluntaria alcanzó a José Herrera, líder representativo de la Asocbac y vocero de la comisión municipal de planeación participativa del plan nacional integral de sustitución, quien fue encontrado muerto el 23 de marzo de 2018.

José Herrera, líder asesinado en marzo de 2018. Imagen Bibiana Ramírez

Un año después ya eran trece los líderes del programa de sustitución asesinados en el Bajo Cauca antioqueño. Otra gran parte han sido amenazados, desplazados y sin ninguna garantía por parte del Estado para salvaguardar sus vidas. “Los campesinos del municipio de Tarazá siempre hemos estado de acuerdo con la sustitución voluntaria, concertada y gradual que trae el PNIS”, pero los acuerdos no se cumplieron por parte del Estado y lo que se hizo fue desplegar Fuerza Pública antinarcóticos a realizar una erradicación forzada”, cuenta Fernando*, líder en el corregimiento de La Caucana.

Hay campesinos que no han recibido el primer pago, otros recibieron el primero y los siguientes están suspendidos. “Cuando firmamos el pacto veredal llegó toda la institucionalidad, hasta los curas y los pastores, dijeron -esto es un negocio-, yo dije que listo, hagámosle pues, de ahí llegaba la inscripciones individuales, el que quería lo hacía y el que no, no lo hacía. El negocio era de seis pagos de dos millones cada dos meses. Le daban un pago, la gente erradicaba, iba la Organización de Naciones Unidas (ONU) y miraba y aprobaban. Nunca lo cumplieron”, asegura Rodrigo, quien sólo ha recibido dos pagos en veinte meses.

Y continúa: “En el mes de julio de 2018 vino el pago a cinco familias de las veredas, menos a mí. Eso me hizo un bien, porque sino en la vereda ya me habían linchado. Esa plata sí la necesito, estoy viviendo muy mal, pero si a mí me hubiera llegado y al resto de la comunidad no, hubieran dicho que el negocio era solo para mí. Entonces ahí es donde los líderes corremos el riesgo, el gobierno hace esas vainas así para que lo maten a uno. Eso me parece una irresponsabilidad por parte de ellos”.

Hay campesinos que van para el cuarto pago y otros para el sexto, pero aún no hay implementación de los proyectos productivos, ni programas para los recolectores. A Rodrigo le dijeron que no le llegaban los pagos por falta de documentos como una sana posesión, una escritura, o un arrendamiento, “lo cual yo los he presentado cinco largas veces. Esto le da razón a unas personas que dijeron que no nos inscribiéramos a eso, que no nos iban a cumplir”, afirma.

Foro cocalero en Tarazá con campesinos del Bajo Cauca y sur de Córdoba en 2016. Imagen Bibiana Ramírez

Fernando, que se inscribió al programa de raspachines o recolectores, presentó hace un año la documentación, pero no ha recibido ninguna información: “Lo que quieren los gobernantes es que nosotros volvamos a sembrar coca, pero nosotros no queremos sembrar. Ya no es rentable el negocio, tiene que aparecer otra planta que sea más rentable o que nos abran vías”.

Obras PIC sin ejecutar

Las demoras que están cansando a los taraceños también se reflejan en las obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC), las cuales no se ejecutaron en el tiempo que se tenía estimado, a diciembre de 2018. Se creó el pacto municipal de los PDET, pero tampoco ha iniciado. Las razones que da el gobierno nacional son básicamente dos: la grave situación del orden público y la contingencia en Hidroituango. Los procesos de formalización de tierra se detuvieron y “para ahondar en la desestabilización, cerraron la oficina que desarrollaba actividades en el municipio en temas PNIS, situación que nos lleva nuevamente a aumentar nuestra desconfianza”, dijo en un comunicado público la Asocbac el 17 de abril de este año.

Con relación a la alteración del orden público, en Tarazá los asesinatos selectivos y el desplazamiento de las comunidades que huyen de la confrontación armada entre grupos armados ilegales ha sido una constante en el último año.

En abril de 2018, antes de la ocurrencia de la contingencia en las obras de construcción del proyecto Hidroituango, la gente se estaba yendo de Tarazá y en sólo tres meses se presentaron 58 asesinatos. Los pobladores empezaron a vender sus casas a bajos precios por miedo, porque se querían ir. Entre enero y junio de 2018 se desplazaron 135 familias, 438 personas y 1828 casos individuales, según la Defensoría del Pueblo.

Movilización en Tarazá por el asesinato del periodista de la emisora Morena FM, Luis Carlos Cervantes en octubre del 2014. Imagen Bibiana Ramírez

Para contrarrestar la violencia, en octubre del año pasado llegaron 600 soldados a Tarazá como resultado del consejo de seguridad realizado a principios de ese mes en Caucasia, liderado por la Presidencia de la República.

Además, en enero de este año se instaló la Fuerza de Tarea Aquiles, iniciando así una operación militar y policial con seis mil uniformados. Según la Presidencia de la República, se trata, con ello, de “hacerle frente a los graves problemas en siete municipios del Bajo Cauca y siete del Sur de Córdoba y contrarrestar estructuras delincuenciales como el Eln, Clan del Golfo, los Caparrapos, delincuencia común y grupos armados residuales”.

Sin embargo, el pasado 15 de abril salieron más de 90 personas desplazadas del corregimiento La Caucana, de Tarazá, por enfrentamientos entre grupos armados ilegales, dejando cosechas, animales y todas sus pertenencias. Las veredas se están quedando despobladas.

Con respecto a los efectos de la contingencia en Hidroituango, Rodrigo afirma que no tienen nada que ver: “no han hecho obras porque no quieren. Lo de la represa afectará a los que están cerca al río Cauca, pero en Tarazá hay veredas muy lejanas, de más de una hora de camino, lo de orden público sí puede ser un factor de riesgo, pero aquí seguimos nosotros”.

Y lo que más aqueja a las comunidades de este municipio es la falta de vías para comercializar sus productos. Por ejemplo, Fernando tiene cien palos de aguacate: “Estoy a una hora de donde los voy a sembrar y lo que necesitamos es que la carretera esté para sacar la cosecha, que se demora un año y medio, pero si llevamos dos años con las mismas promesas, con qué ánimo voy a seguir sembrando eso”.

Puente a la entrada del municipio sobre el río Tarazá. Foto cortesía Mi Tarazá.

Al desánimo de los campesinos, le sale al paso la Agencia de Renovación del Territorio (ART) para afirmar que las obras PDET sí se van a realizar. “Inicialmente se harán obras en tres núcleos veredales para los que hay un presupuesto de 350 millones de pesos para cada uno”, explica Fabio Tovio, analista de esta entidad en Tarazá.

El funcionario detalla que en el resguardo indígena Jaidezavi, del pueblo Embera, se construirá la casa del saber ancestral, una placa polideportiva y el mejoramiento de un puente que será el primero en iniciar este año. En el núcleo veredal del El Doce se harán el mejoramiento del centro educativo rural de la vereda El Nueve, casetas comunales en las veredas Anaparci, Alto los Loros y el Corregimiento Puerto Antioquia. En la vereda Curumana se construirá una placa polideportiva en el centro educativo rural y en el corregimiento el Doce se hará mejoramiento del centro de salud, que también empezará este año.

El resto de las obras están en estudio. “En Tarazá se identificaron siete núcleos, seis núcleos multiétnicos y un núcleo étnico, conformado por el Resguardo Indígena Jaidezavi. Se construyó una visión común a diez años y se realizaron propuestas de iniciativas que permitan alcanzar el futuro deseado. El municipio cuenta con nueve proyectos de infraestructura rural en  proceso de estructuración”, agrega Tovio.

Al respecto, Rodrigo tiene otra visión: “En el sector veredal El Doce, que son ocho veredas, pedimos que nos arreglaran la carretera. Nos reunimos en la caseta comunal de la vereda Buenos Aires, con la Alcaldía, la ART y nos dijeron que todo eso debía quedar listo en diciembre. Pero nunca hicieron algo. Nosotros fuimos y le reclamamos, -señor Fabio qué pasó-, el señor nos dijo -es que le vamos a llevar una cosa mucho más diferente, vamos a arreglar la vía y ampliarla-. Son solo 5 kilómetros nada más. Yo le creo cuando se vean las obras”.

La Alcaldía, el Ejército y muchas entidades estatales se han comprometido con los campesinos a realizar obras, pero ninguno les ha cumplido. Fernando se resigna a decir que todo el tiempo los han engañado. “El primero de mayo vamos a hacer una marcha pacífica para sacar a todos los campesinos a Tarazá para exigir que nos cumplan. Ya estamos cansados”. Una marcha que se puede convertir en paro agrario.

(*) Nombres cambiados por razones de seguridad