Por Bibiana Ramírez

Obras de infraestructura, inversiones económicas y proyecto hidroeléctrico no han sido suficientes para superar la guerra que tanto han padecido los campesinos. Las veredas se están quedando solas y no hay quien detenga esos desplazamientos.

Por Bibiana Ramírez - Agencia Prensa Rural

Por el corregimiento de Pueblo Nuevo, a cuatro horas del casco urbano de Briceño, transitaron durante el 2017 funcionarios de diversas entidades del Estado, ciudadanos extranjeros en representación de gobiernos e instituciones de cooperación y cientos de periodistas, para conocer de cerca los avances del desminado humanitario en la vereda El Orejón y los resultados iniciales del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

En esas visitas, nacionales y extranjeros alimentaron la esperanza entre los campesinos por un futuro mejor. Por primera vez estaban siendo visibilizados y el desarrollo podría llegar a sus veredas, fuertemente golpeadas por la confrontación armada.

La razón de tanta presencia foránea es que Briceño fue seleccionado para hacer los planes piloto de desminado humanitario en el 2016 y sustitución voluntaria de hoja de coca en el 2017. Ya para el 2018  se comenzaron a implementar el programa de Pequeñas Infraestructuras Comunitarias (PIC) y el Plan 50/51, de mejoramiento de vías, como parte del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) pactado del Acuerdo de Paz firmado con las antiguas Farc.

Dos años después, esa esperanza se está diluyendo sin contención alguna. Donde antes hubo cultivos de hoja de coca, hoy abunda la maleza. Briceño fue mostrado al país y al mundo como ejemplo de sustitución voluntaria, pero la realidad actual es otra: quienes erradicaron se quedaron sin cultivos, sin proyectos y nuevamente la violencia está generando miedo e incertidumbre.

Para ese momento, el PNIS fue valorado como exitoso, entre otras razones porque 2.715 familias se comprometieron a arrancar sus matas de hoja de coca a los dos meses de haberse firmado el acuerdo. Pero siete meses después, cuando se acabó la renta bimensual de dos millones de pesos para cada familia cocalera, algunas veredas se están quedando despobladas porque los proyectos productivos no han llegado y el hambre que están padeciendo los obliga a desplazarse para buscar mejores condiciones de vida.

“En septiembre de 2018 se acabó el pago y no hemos recibido respuesta. Al principio nos dieron 1 millón 800 mil pesos en cosas que ya teníamos y no eran tan costosas como machetes, limas o costales, en nuestras fincas ya había de eso, sino ¿cómo veníamos trabajando? Uno pedía una cosa y nos llegaban otras”, dice con preocupación Oscar Mazo, campesino de la vereda el Orejón.

Desde el 2016, cuando los campesinos vieron que la represa que hace parte del proyecto de generación de energía Hidroituango estaba casi terminada y que empezó a entrar tanta gente, también sintieron preocupación por el futuro que los esperaba, y tuvieron dudas sobre el verdadero interés de que Pueblo Nuevo y El Orejón fueran tan nombrados en los medios de comunicación.

En ese entonces Fabio Muñoz, integrante del Movimiento Ríos Vivos y habitante de El Orejón decía: “Creemos que el beneficio principal de este desminado es para la represa, más de la mitad de las veredas de Orejón, Chirí y la Calera son territorio de EPM (Empresas Públicas de Medellín) y dos de los  tres sitios que se desminaron son de EPM. Justo en el Orejón, donde queda Casa Máquinas y el muro de contención”.

Y Raúl Mazo se preguntaba por la situación de la vereda después de finalizado el desminado: “¿En manos de quién vamos a aquedar? Este lugar es muy apetecido por los grupos armados”.

Vereda El Orejón y compuertas de la represa. Imagen Bibiana Ramírez

Hoy la situación es parecida a la que avizoraban en aquel entonces los labriegos. La disidencia del Frente 36 de las Farc está retomando nuevamente el control de la vida de los campesinos. Después de las seis de la tarde y antes de las seis de la mañana nadie puede moverse de sus casas.

Superar abandono estatal

El Estado, según observan los campesinos, está llegando de manera desordenada. Una de las dificultades para que el Acuerdo de Paz sea efectivo es que no hay suficiente articulación entre las agencias estatales encargadas del desarrollo rural. Por ejemplo, la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT) no han hecho trabajo conjunto o el PNIS se está ejecutando por separado del PDET, tanto que la gente en las veredas se confunde y no sabe a qué entidad o proyecto pertenece cada obra.

Pero lo más preocupante es la gran contradicción que se vive en Briceño:  el Estado llegó con obras de infraestructura, pero los pobladores de algunas veredas intervenidas se está yendo del municipio y se teme que, en a mediano plazo, no haya gente para hacer uso de éstas.

Después de desminar la zona, en El Orejón quedó una caseta comunitaria y una escuela donada por Turquía, como aporte de la cooperación internacional. La última es una estructura moderna, de dos pisos, que resalta desde distintos puntos de la vereda, pero su única profesora cuenta con tristeza que “solo quedan once niños, la otra semana se van dos. Lo que hicieron con todas estas obras y proyectos fue darnos pan para hoy y hambre para mañana”.

      

Escuela en la vereda El Orejón donada por Turquía. Imagen Bibiana Ramírez

Como parte de las PIC, se hicieron diez obras: ocho entregadas y dos que faltan por culminar y que hacen parte de la fase I. En la fase II hay nueve obras en proceso de ejecución. “El presupuesto para los Proyectos PIC en la Fase l para el núcleo veredal de Pueblo Nuevo fue de 396 millones de pesos. Para la fase ll-A se han ejecutado recursos por valor de 152 millones de pesos y para la fase ll-B se han hecho obras por valor de 37 millones de pesos”, explica Ana María Jaramillo, analista Regional de la ART en Briceño, y agrega que para este año 2019 se está adecuando el presupuesto según las obras a realizar.

Las mayores dificultades que han encontrado en la realización de las obras han sido logísticas, por las distancias de las veredas y la topografía del municipio. “En algunos casos, la legalización de los predios ha dificultado que se puedan viabilizar los proyectos”, aclara Jaramillo.

Uno de los objetivos con estas obras era fortalecer las organizaciones de base con la ejecución de las obras. La mayoría las realizó la Corporación Forjemos Sueños que, desde 2017, viene trabajando con proyectos en el municipio.

“Fue un proceso de fortalecimiento organizacional y administrativo, esa es una ventaja de estos proyectos. El mayor interés de nosotros es que el recurso sí se invierta como se debe invertir, que a las comunidades sí les llegue. Cada peso que se ejecuta se debe sustentar con facturas, con interventoría hacia PNUD y ART”, afirma Jhon Ramírez, director de proyectos de la Corporación.

Casetas comunales realizadas por la Corporación Forjemos Sueños. Foto Cortesía Forjemos Sueños.

 

El municipio también fue priorizado con el Plan 50/51, de mejoramiento de vías. Al respecto, Jaramillo detalla que “se mejoraron con la construcción de Placa Huellas, bateas, muros de contención, mantenimiento de la vía y obras transversales, siete tramos en puntos críticos de la zona rural del municipio”.

Placas huella en la vereda Altos de Chirí. Imagen Bibiana Ramírez

Pueblo Nuevo, sin campesinos

Es sábado en Pueblo Nuevo. Algunos niños corren detrás de un balón en la única calle que tiene el corregimiento. Un joven pasa en bicicleta con botas pantaneras y machete, zigzaguea en medio de los niños. En el billar dos señores juegan, no sonríen ni hablan entre ellos. Las tiendas están cerradas y no se escucha música. Fabio Muñoz dice que ese lugar estuvo lleno de vida en otro tiempo, cuando la bonanza cocalera.

Después de hacer el mercado en Briceño, la gente se quedaba en Pueblo Nuevo compartiendo, tomándose algunas cervezas o viendo algún partido de fútbol en la cancha. La única señora que se ve no para de toser y parece de mal humor. “Aquí somos más de sesenta familias, pero se han ido unas quince y otras piensan emigrar. Esto se está quedando solo y se avecina más violencia”, dice mirando, el suelo.

Los niños del balón llegan sudando hasta donde ella para que les venda unos dulces de la tienda. Cuando abre las puertas, el local está casi vacío: “Aquí recibí muchos periodistas cuando lo del desminado, hasta servicio de hotel presté. Hoy ya no hay a quién venderle”.

En el billar tres jóvenes cuentan que la gente se está yendo a buscar empleo en otros municipios porque todos vivían de la coca. Uno de ellos está cuidando doce vacas: “me están pagando a 25 mil el día para ordeñarlas dos veces al día, sacar la leche a la carretera y darles de comer, pero hoy renuncié”, alegando que es poco el pago para tanto trabajo.

Panorámica del corregimiento Pueblo Nuevo. Imagen Bibiana Ramírez

Esos muchachos eran recolectores de coca y ahora deben cumplir labores comunitarias para recibir el millón de pesos mensuales que les prometió el Estado. Hasta ahora les ha llegado un solo pago. “Creímos que eso no iba a llegar. Los hombres trabajamos arreglando caminos, las mujeres pintando la escuela, cuidando ancianos.”, agrega el más joven.

Con el PNIS llegaron algunas iniciativas de proyectos productivos, pero no de asesoría para continuarlos. “A una familia le entregaron quince marranos, este fin de semana van a vender los últimos dos que le quedan. Les trajeron un encarte porque no tenían con qué alimentarlos. Le tocó dejar de comer a la gente para poder alimentar los animales, lo mismo pasó con las gallinas”, cuenta la profesora de la escuela de El Orejón.

También llegó el Sena a capacitar jóvenes en pecuaria y agropecuaria, pero duró poco y hoy no están recibiendo clases por falta de constancia de los docentes. “Empezamos yendo cada ocho días, luego cada quince. En cinco meses hemos recibido cuatro clases. Uno saca el día para ir hasta por allá y lo pierde porque no llega el profesor”, Cuenta Daniel*, un joven que ha soñado con estudiar y dejar de raspar hoja de coca.

Días después de visitar las veredas de Briceño, Fabio Muñoz confirma que “nueve familias de Orejón se han desplazado, sumando 33 personas sin contar los de Pueblo Nuevo, Chirí o La Calera”.

Confianza fracturada

El Orejón se dio a conocer gracias al plan piloto de desminado humanitario acordado entre el gobierno nacional y las antiguas Farc como un gesto de confianza, convirtiendo esa vereda en el primer laboratorio de paz en el que se quería demostrar que tanto integrantes de esa guerrilla, ahora partido político, y miembros del Ejército podían trabajar juntos.

El resultado de este proceso, según el programa Colombia Descontamina, es que se despejaron 19.489 metros cuadrados, neutralizando 46 artefactos explosivos. Encontraron una mina cada 407 metros cuadrados, cuando el promedio nacional es de una mina cada 2.600 metros cuadrados.

Llegada de la Delegación de la Habana para iniciar desminado. Imagen Bibiana Ramírez

Sin embargo, un año después de terminado el plan piloto, la disidencia del Frente 36 de las Farc volvió a minar, además de intentar retomar el control de las veredas del sur del municipio. “Hay toques de queda después de las seis de la tarde hasta las seis de la mañana, en ese tiempo ponen minas, ahora es en la carretera. Esta semana pusieron una entre Orejón y Pueblo Nuevo, ahí vimos el hueco”, cuenta un poblador, que pidió la reserva del nombre.

Algunos campesinos aseguraron que alias ‘Cabuyo’, quien está al mando de la disidencia, ha citado a reuniones informando de las nuevas normas. “Quien no vaya a reunión de la junta tienen que pagar 70 mil pesos, quien no vaya a los convites tiene que pagar 60 mil pesos. Hay una lista amenazando a los consumidores y vendedores de marihuana. La gente no puede salir de sus casas ni estar en la cancha jugando”.

A finales de marzo, tropas del Ejército se instalaron en los alrededores de la casa de una familia campesina del Orejón. “Se parquearon en el patio, hicieron sus campamentos y amanecieron ahí. Nos tocó citarlos a una reunión y pedirles que se alejaran. Lo hicieron pero nos deja muy preocupados esto, porque es como si se repitiera lo mismo de las épocas pasadas”, afirma Muñoz.

Por otro lado, cuando inició la construcción del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, muchos campesinos fueron a trabajar allí buscando alternativas económicas, pero luego fueron despedidos porque la principal contratación era para talar el bosque seco tropical, servir de guías o abrir caminos por peñas peligrosas.

 

Así luce la represa a casi un año de haberse inundado el cañón del río Cauca. Imagen Bibiana Ramírez

“Llegó el proyecto de EPM y la gente se entusiasmó a trabajar en la represa y las fincas se cayeron. Aquí con mi papá se sacaban 30 o 40 cargas de panela para vender al pueblo y ahora nos toca ir al Valle de Toledo a comprar panela para quince días. Esto cambió nuestras ilusiones. Al campesino de aquí nos están exterminando”, cuenta María Elena Mazo, habitante de la vereda el Orejón.

Lo que muchos no concebían, en el 2016, era ver inundado el cañón del río Cauca, que desde esas veredas del sur de Briceño se divisa todo. Angélica Mazo cuenta que ha mirado muchas veces ese “gran espejo” en que quedó convertido. Cambia constantemente, como están cambiando sus vidas en el lugar donde creyeron que llegaría la paz y el desarrollo.

Este reportaje es el resultado del proyecto periodístico colaborativo ‘Los números del posconflicto’, que pretende abrir los datos y sumar a la construcción de una agenda de seguimiento sobre los dineros para la paz en Colombia. Iniciativa de Consejo de Redacción y VerdadAbierta.com en alianza con seis medios colombianos, entre ellos Agencia Prensa Rural