Por Agencia Colombia Informa  

La Minga por la Defensa de la Vida, el Territorio, la Democracia, la Justicia y la Paz empezó con fuerza en el norte del Cauca. 12 días después, por lo menos seis departamentos ya caminan de la mano en esta movilización. Ante las negativas de diálogo por parte del gobierno, las protestas se aproximan a tener un carácter nacional. 

Después de afirmar que “las vías de hecho no contribuyen a la creación de confianza”, el gobierno aumentó el nivel de represión contra las comunidades que se encuentran movilizadas mayoritariamente en el Norte del Cauca.

“En este momento la fuerza pública se encuentra reprimiendo a los mingueros, utilizando artefactos no convencionales, recalzados con bolas y también con plomo. Es triste y lamentable esta situación que hoy acontece, ese tratamiento militar que se le está dando a la minga”, afirmó un minguero desde la vía Panamericana, a la altura de Caldono, donde se han reportado dos heridos. Unos kilómetros más al norte, la comunidad Nasa que permanece en el punto de bloqueo de La Agustina, denunció que por lo menos tres personas han sufrido heridas de bala en una arremetida fuerte. Se calcula que desde el inicio de la minga la acción del ESMAD ha dejado aproximadamente 50 heridos.

A pesar de la represión, más de 12.000 indígenas, campesinos, afrocolombianos y miembros de sectores populares, principalmente rurales, continúan a la espera de que el Presidente llegue personalmente al lugar donde se le citó el pasado 12 de marzo, en la vereda El Pital, en el Resguardo Indígena de Las Mercedes, en Caldono, Cauca. Las comunidades exigen la cura, protección y defensa de “nuestra Madre Tierra”, garantías para la vida y los derechos humanos, desmonte del paramilitarismo y del Escuadrón Móvil Antidisturbios –ESMAD-. Parar la guerra como imperativo ético y político y como única posibilidad de futuro para Colombia, así como el cumplimiento de los acuerdos firmados entre el Estado y las FARC. Restablecer los diálogos con el ELN y reconocer el colectivo campesino como sujeto de derechos, son algunas de las principales reivindicaciones de las comunidades.

A la espera de Duque

Según la exconsejera del Consejo Regional Indígena del Cauca –CRIC-, Emilse Paz, es alarmante la situación de “las leyes regresivas a los derechos colectivos étnicos. Se hace necesario defender la vida de los pueblos, del agua, de la naturaleza”.

Óscar Salazar, líder campesino de La Vega, Cauca y portavoz de la Marcha Patriótica aseguró que: “lo central está en cuestionar las políticas de Estado y la situación de inconstitucionalidad en que éstas se encuentran”. Según el campesino, miembro del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente colombiano –PUPSOC-, el gobierno actual está siendo “una punta de lanza de las políticas gringas para la agresión contra Venezuela”, está frenando todas las “limitaciones para poder imponer política extractivistas, desconociendo políticas constitucionales: por ejemplo, desfinanciando silenciosamente las consultas populares”.

Al hacer memoria regional, se nota que cada dos o tres años el Cauca celebra grandes movilizaciones sociales con bloqueos de las vías. La última en 2016 duró 13 días y logró unos acuerdos que aún están por cumplirse. En esta ocasión, la fuerza reside en la capacidad de unidad –habitualmente imposible o muy difícil- entre organizaciones indígenas y campesinas, hermandad que le ha dado a esta movilización mucha más visibilidad y legitimidad en algunos sectores de la opinión pública. Se prevé que la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- podría establecer de un momento a otro la “Hora Cero” de una Minga Nacional.

De la Ministra a la Panamericana

La estrategia del CRIC, organización que nació en 1971, ha sido citar a la Minga desde un inicio al Presidente Duque, a través de una carta firmada por diversas organizaciones populares de la región suroccidental del país. El objetivo de exigir la presencia del mandatario, es en primer lugar: dejar establecidas las líneas políticas básicas de la minga en términos de defensa de la vida y del territorio. Por otro lado, a nivel reivindicativo, exigir el cumplimiento de los más de 1.200 acuerdos incumplidos por gobiernos anteriores, y la inclusión dentro del cuerpo del Plan Nacional de Desarrollo -PND-, del capítulo étnico con presupuesto propio. Un PND que la bancada de la oposición ha pedido archivar por basarse en una “trampa discursiva”, por asentarse en un modelo extractivista –que incluye métodos como el fracking-. Además, desconoce la hoja de ruta trazada en los acuerdos de paz, cualquier enfoque de género y la política específica para poblaciones étnicas.

A la cita del martes 12 de marzo, apareció una delegación del gobierno liderada por la Ministra del interior, Nancy Patricia Gutiérrez. Las comunidades reunidas en Caldono se negaron a dialogar con esta delegación y exigieron la presencia de Duque. Pocos minutos después de que la ministra afirmó que: “por agenda, es imposible que venga”, se atravesaban los primeros árboles y se colocaban las primeras rocas en medio de la vía Panamericana. Algunas personas prevén que los bloqueos duren hasta un mes, teniendo en cuenta la poca voluntad política de diálogo del gobierno. En las primeras referencias a la Minga que hacía Duque el viernes 15 de marzo, aseguró que “con vías de hecho de por medio, no habrá diálogo”. Desde Caldono, la respuesta ha sido clara por parte del Consejero Mayor del CRIC, Neis Lame: “Recibiremos al presidente con las vías bloqueadas”. En sus declaraciones, Duque también pasó la pelota al gobierno de Juan Manuel Santos a quien acusó de “hacer acuerdos imposibles de cumplir”.

10 días de resistencia

Durante el primer día de parada del tránsito, se registraron enfrentamientos entre comunidades indígenas y el ESMAD, con el resultado de veinte personas heridas a causa del lanzamiento de gases lacrimógenos y proyectiles. Uno de éstos hirió a un comunero del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), quien se encuentra hospitalizado en Popayán con diagnóstico grave. Jueves y viernes, las comunidades jugaron fútbol e hicieron encuentros culturales sobre la vía. El sábado, la represión estatal golpeó el campamento donde se encontraban las comunidades campesinas de El Cairo, en el municipio de Cajibío.

A través de un video, rápidamente viralizado, el campesino portavoz de Marcha Patriótica, Jhonatan Centeno, denunció que: “a pesar de encontrarnos a dos kilómetros de la vía, en asamblea, organizando nuestro ejercicio pedagógico, el ESMAD ha subido y ha destruido el campamento, los alimentos.” La fuerza bruta de las fuerzas del orden dejó en Cajibío 19 heridos más. En las zonas de campamento de Caldono, donde se calcula que hay aproximadamente 6.000 indígenas, adultos, niños y adultas mayores, se han declarado en una situación de emergencia y viven en máxima alerta desde domingo 17 de marzo porque temen un posible desalojo.

Mientras tanto, en Popayán y en los departamentos de Nariño y Putumayo, al sur del Cauca, ya se habla de una subida de los precios de los productos de la canasta básica. Se restringe la venta de gasolina a vehículos oficiales y se prevé un desabastecimiento importante para los próximos días, condiciones que ayudan a estigmatizar la movilización social entre la población urbana.

Gremios empresariales, ganaderos y comerciantes han enviado una carta al Presidente solicitando que se celebren las mesas de diálogo…“que no pueden tener como resultado la firma de nuevos acuerdos que nos sigan arrastrando, históricamente, a incumplimientos y demandas hacia el Estado colombiano”.

Varios congresistas del bloque opositor también han dirigido una carta a Duque solicitando “atender de manera prioritaria el llamamiento al diálogo hecha por los pueblos”. Y entre la sociedad civil circuló una convocatoria para el 20 de marzo en la plaza Bolívar de Bogotá con el eslogan, “Duque Póngale la cara a los mingueros del Cauca”.

Difícil ver en el horizonte una ágil resolución de la situación, si se atiende las circunstancias de contradicción. Las demandas de la Minga contrastan de manera exagerada con las políticas e intenciones de un gobierno que durante la campaña presidencial afirmó que haría “trizas” los acuerdos de paz. Que coloca el capítulo étnico en el apartado de anexos del Plan Nacional de Desarrollo y que, desde inicios de 2019, ha sido testigo pasivo de al menos 30 asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos.

La última gran polémica han sido las objeciones que el presidente ha hecho a la Jurisdicción Especial para la Paz. “Eso sí que es un crimen de lesa humanidad, una perfidia estatal integral: derrumbar los andamiajes que lograban que caminen los acuerdos de paz, desde unas castas político-económicas que no reparan en nada para conseguir sus propósitos”, denunció el líder campesino de La Vega, Oscar Salazar.