Por Bibiana Ramírez - Agencia Prensa Rural

 Se trata del bloque conformado por las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca. Sus comunidades, golpeadas por el conflicto armado, tienen grandes expectativas en la ejecución de los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial que iniciará en este año. Los retos son enormes, al igual que las dificultades.

Con la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y la extinta guerrilla de las Farc, los pobladores de las zonas más afectadas por la violencia en el país están construyendo planes concretos para el mejoramiento de su calidad de vida. Para ello cuentan con los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una herramienta participativa a través de la cual se pretende sentar las bases para atender las necesidades de las comunidades.

Esta iniciativa, creada a través del Decreto 893 de 2017, ya ha sido aplicada en Antioquia, particularmente en el bloque integrado por las subregiones del Norte, Nordeste y Bajo Cauca, en las que se priorizaron trece municipios - Amalfi, Anorí, Remedios, Segovia, Briceño, Valdivia, Ituango, Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá, y Zaragoza -.   

El trabajo con las comunidades para la elaboración de los PDET se hizo en tres fases: la primera fue veredal, de donde surgieron 1.127 iniciativas; la segunda en el ámbito municipal, en la que se revisaron, agruparon y ajustaron esas sugerencias; y la tercera en el nivel departamental, que definió la presentación de 86 propuestas. Este proceso dejó, también, 13 pactos municipales firmados por sus respectivos alcaldes.

Continuando con este proceso, el pasado 14 de de diciembre de 2018 se creó, en Medellín, el Plan de Acción para la Transformación Regional (PATR), con la participación de voceros de organizaciones sociales, las comunidades, entidades públicas y privadas locales, regionales y nacionales, que consolida las iniciativas planteadas por los pobladores desde lo veredal.

Para ejecutar esas propuestas se presupuestaron 5,15 billones, cuya ejecución se desarrollará en los próximos diez años, teniendo en cuenta su viabilidad y presupuesto. Todas esas labores estarán coordinadas por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) y, en esencia, se pretende que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las comunidades, que por décadas han sido relegadas y abandonadas por el Estado.

Los recursos para financiar esas 86 iniciativas provienen, principalmente, de la cooperación internacional, pero también del gobierno nacional; además, las entidades territoriales contarán con dineros del presupuesto general de la Nación, del sistema general de participación, del sistema general de regalías y de fuentes de financiación privadas.

“Las empresas como EPM (Empresas Públicas de Medellín), Corona, Argos, Mineros SA, entre otras, destinarán el 50% de los impuestos a estos planes. El año pasado se dieron 250 mil millones en obras”, dijo Javier Molina, gerente del PDET para el Bajo Cauca, Norte y Nordeste, en un balance realizado en septiembre del año pasado en la capital antioqueña.

Los PART tienen 8 pilares que, se espera, ayuden a mejorar las condiciones de vida de las comunidades en los trece municipios priorizados: 1. Ordenamiento social de la propiedad rural y uso del suelo; 2. Infraestructura y adecuación de tierras; 3. Salud rural; 4. Educación rural y primera infancia rural; 5. Vivienda rural, agua potable y saneamiento básico rural; 6. Reactivación económica y producción agropecuaria; 7. Sistema para la garantía progresiva del derecho a la alimentación; 8. Reconciliación, convivencia y construcción de paz.

“La visión territorial es producto de un proceso de construcción permanente al que deberán sumarse otros actores del territorio. En 2028 la subregión PDET del Norte, Nordeste y Bajo Cauca antioqueño, será un territorio de paz, confianza, equidad, inclusión y oportunidades; con un desarrollo humano integral sostenible, sustentado en la diversidad cultural, la vocación económica y con liderazgo transformador”, dice el Plan de Acción.

El conflicto armado ha sido la principal razón para que el número de víctimas sea tan elevado: 280.345 según Registro Único de Víctimas desde 1985 hasta el 2018. El cultivo de hoja de coca para uso ilícito es una gran fuente económica de los municipios, principalmente en el Bajo Cauca, lo que también ha ocasionado muertes, desplazamientos y amenazas a los campesinos que han liderado el plan de sustitución.

El caso más reciente fue el asesinato del líder Eladio Posso Espinoza, perpetrado por desconocidos el 1 de noviembre de 2018, quien se desempeñaba como tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda El Triunfo o el desplazamiento de 48 familias el 17 de enero de este año, denunciado por diversas organizaciones sociales.

En el Bajo Cauca la guerra se recrudece

Históricamente, esta subregión ha sido disputada  por distintos grupos armados. Esta zona es estratégica porque es una de las grandes rutas para la salida del narcotráfico; tiene conexión con la costa Caribe, el Catatumbo, el Urabá, Norte y Nordeste antioqueño. La minería a cielo abierto y el cultivo de hoja de coca para uso ilícito han servido para financiar armas, movilidad y dominio territorial, pero también para sostener la economía familiar, tanto en lo urbano como en lo rural.

Allí se ha vivido en guerra permanente. Las guerrillas han hecho presencia desde los años ochenta. En la década siguiente, y hasta el 2004, hubo presencia de reconocidos narcotraficantes, reconvertidos en jefes paramilitares, quienes controlaban toda la cadena productiva del narcotráfico y adquisición de tierras para garantizar la estabilidad financiera de sus estructuras armadas y, en apariencia, combatir la insurgencia.

Después de la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que concluyó en agosto de 2006 tras ser pactada en 2003 con el gobierno del entonces presidente de la República, Álvaro Uribe (2002-2010), los mandos medios que quedaron dispersos, comenzaron a disputarse el dominio de esta subregión.

Caucasia, el municipio más importante del Bajo Cauca, era un campo de batalla: arrojaban explosivos en la plaza de mercado, bares y discotecas, así como en las casas donde se sospechaba vivían los enemigos de unos y otros. Los pobladores estaban confinados y algunas labores que hacían para sobrevivir los convertía en objetivo militar: la venta de alimentos en pequeñas tiendas, el transporte urbano en motocicletas y taxis, y los que ofrecían servicios de llamadas de celular en las calles.

Habitantes del Bajo Cauca concuerdan que entre 2012 y 2016 se vivió una “tensa calma” por cuenta de un pacto de no agresión hecho por los grupos armados. Pero, al parecer, desde el 2017 ese acuerdo se rompió y la guerra se recrudeció nuevamente.

“Se vienen presentando hechos que han conmocionado a la población y el temor se vuelve a apoderar de las personas. Hay muchos grupos paramilitares, además de las disidencias de las Farc y el Eln que también buscan sus beneficios en esa región, incluso este último aliándose a los ‘Caparrapos’ para enfrentar esa batalla contra el Clan de Golfo”, explica Orlando Ávila, Personero de Caucasia.

Y es el campesinado el que ha estado en medio de todo ese conflicto. Por eso todos los municipios de esta subregión fueron priorizados con los PDET para devolver al campo lo que tanto le han quitado. Sin embargo, la participación en la formulación de los Planes se ha convertido en un factor de riesgo para los voceros de las comunidades: los grupos armados ilegales hostigan de diferentes formas a quienes se atreven a defender el Acuerdos de Paz o se acogen a los planes de sustitución voluntaria de cultivos de coca.

“Los líderes mantenemos miedo por amenazas. Hay mucha corrupción. Las comunidades no tienen interés por los engaños constantes. Hemos dejado de reclamar por miedo. No vivimos en paz. La solución terminó siendo peor que la misma enfermedad. Ahora no hay libertad para caminar”, asegura Wilmar*, líder de Tarazá, un municipio que está en situación crítica de orden público. En el 2017 se presentaron 126 amenazas y 511 desplazamientos y, para el 2018, se registraron 589 amenazas y 3.939 desplazamientos según cifras de la Unidad de Víctimas.

En el PATR, una de las principales peticiones de los campesinos es la construcción de vías terciarias y puentes que les permitan tener conexiones con otros municipios y puedan sacar sus productos agrícolas, además del mejoramiento de vivienda y acueductos. Una de las preocupaciones en el Bajo Cauca con relación a los Planes de Desarrollo es el anuncio del regreso de las fumigaciones a la hoja de coca para uso ilícito. “Nos meten en proyectos y luego nos matan con glifosato: así no servirán de nada los PDET”, concluye Wilmar.

Para acabar de alterar la situación, los habitantes de esta región enfrentan la emergencia que se generó en mayo del año pasado, durante una de las etapas de construcción de la central de generación de energía Hidrotuango. En esa ocasión, una creciente súbita arrasó con viviendas y puentes aguas abajo de la presa y las alertas se prendieron en Puerto Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí.

Tras las medidas tomadas para contener los daños, se registra ahora la disminución extrema de los niveles de agua del río Cauca, lo que afecta la vida cotidiana de las comunidades ribereñas, tradicionalmente pescadoras.

Por todo ello, las condiciones en la región cambiaron drásticamente y gran parte de los habitantes de los territorios PDET tuvieron que salir de sus casas por lo que retrasó el proceso participativo de las comunidades.

“Esta situación modificó las condiciones del trabajo de la ART; además, tuvo impacto en los diagnósticos y soluciones propuestas por las comunidades antes de la emergencia. Esta situación obligó a la ART a desarrollar ejercicios de lecturas municipales, de tal forma que se pudiera confirmar si la interpretación hecha de las necesidades e iniciativas tenían aún validez”, dice el documento del PATR.

Ituango es el municipio con la vida más precaria de la subregión Norte y Anorí de la subregión Nordeste, según el Anuario Estadístico de Antioquia. La minería, la explotación de la madera y la ganadería son las principales fuentes de economía, aunque los proyectos energéticos también se están tomando estas regiones.

El Norte y Nordeste siempre fueron controlados por la extinta guerrilla de las Farc y no permitía que ingresaran otros grupos armados, aunque las masacres por los grupos paramilitares fueran constantes a finales de la década del noventa y comienzos de la del dos mil.

Después de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, en noviembre de 2016, estructuras criminales llegaron sin ningún problema y hoy están cambiando las dinámicas de estos municipios. Los más afectados son Ituango, Remedios y Segovia, donde las organizaciones sociales denuncian la irrupción de encapuchados con armas largas y cortas quienes advierten que son ellos los que controlarán esos municipios.

Lo que sí es claro es que los PDET no empiezan de cero, es un acumulado de las organizaciones sociales y líderes de estas regiones. Muchos saben que este proceso está dividiendo a las comunidades y que falta claridad en la disponibilidad de los recursos para desarrollarlos, pero tienen la esperanza de que Antioquia tenga una verdadera transformación rural, donde estén involucradas las propuestas y necesidades de todos.

Este reportaje es el resultado del proyecto periodístico colaborativo ‘Los números del posconflicto’, que pretende abrir los datos y sumar a la construcción de una agenda de seguimiento sobre los dineros para la paz en Colombia. Iniciativa de Consejo de Redacción y VerdadAbierta.com en alianza con seis medios colombianos, entre ellos Agencia Prensa Rural