Agencia de Prensa IPC

Esta comunidad del departamento del Chocó fue afectada por fuertes operativos del Ejército y grupos paramilitares. 21 años después de esas acciones, que ocasionaron un masivo desplazamiento, sus pobladores están dispuestos al perdón y a la reconciliación, pero reclaman verdad y justicia restaurativa.

Las primeras velas se encendieron poco después de que el sol se escondiera tras los cultivos de banano. Las diminutas llamas luchaban contra las calurosas corrientes de aire que provenían del Golfo de Urabá impregnadas con el olor del mar. Con sus manos, en su mayoría negras, pero también blancas y mestizas, las personas protegían las pequeñas luces que se esparcían junto al coliseo municipal de Turbo, en el Urabá antioqueño.

Aquellas velas encendidas el pasado 2 de marzo iluminaban el ambiente de conmemoración que realizó un grupo de víctimas en el centro deportivo, donde volvieron a exigir verdad, justicia y reparación sobre los hechos ocurridos en febrero de 1997, cuando miles de habitantes de las 23 comunidades afrodescendientes de Cacarica, Bajo Atrato chocoano, salieron de su territorio desplazados por tras la Operación Génesis, una acción de gran envergadura realizada por la Brigada 17 del Ejército contra la guerrilla de las Farc, y las operaciones de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu).

Las llamas alrededor del coliseo les recordaron a muchos que el lugar es un referente de memoria para las víctimas de Cacarica y de otras zonas chocoanas. Allí se albergaron, hacinados, por lo menos 3.500 desplazados del Bajo Atrato entre 1997 y 2000 por culpa de la guerra. Las huellas de aquella tragedia aún perviven.

Antes de retornar o ser reubicados, los desplazados erigieron un monumento, a un costado de la cancha, en el que pintaron un mural con la historia del desplazamiento, una pirámide con los nombres de las 18 personas desaparecidas y un mensaje de dolor y esperanza.

“En el 2000 empezamos a elaborar el monumento porque veíamos que a través de él podíamos decir la verdad y expresarnos, es que había compañeras a las que les daba miedo hablar. Entonces con un monumento expresamos lo que sentimos y lo que queremos, que se haga justicia”, recuerda Alicia Mosquera, integrante de la Asociación de Víctimas de la Violencia en Riosucio Chocó — Clamores.

Esta conmemoración volvió a traer los recuerdos de aquel febrero de 1997. Ante las desproporcionadas incursiones del Ejército y la presión paramilitar, los pobladores huyeron de Cacarica hacia diferentes lugares: la mayoría de ellos arribaron a Turbo, donde fueron ubicados en el coliseo y en dos albergues más; 200 personas se quedaron en el corregimiento Bocas del Atrato, un pequeño caserío sobre del río Atrato antes de la salida al mar; y otras 200 llegaron cruzaron la frontera con Panamá, en tierras del Darién, de donde fueron deportadas, por lo que se vieron obligadas a establecerse en Bahía Cupica, a orillas del océano Pacífico. En este lugar, el grupo de desarraigados fue albergado en una finca que perteneció al narcotraficante Pablo Escobar.

En ese último grupo estaba Herminio Palomeque, esposo de Alicia, quien fue asesinado el 1 de diciembre de 1997, tras llegar a Turbo para reunirse con su familia. Pero la mujer no sólo lo perdió a él. En medio del desplazamiento fue desaparecido su hermano, Adalberto Mosquera Hurtado, y su primo, Alberto Murray.

Estas pérdidas la llevaron a tomar la decisión de no retornar a Cacarica y de reubicarse en Turbo junto a otras 12 mujeres que también quedaron viudas. Para ellas, el mural de memoria tiene un simbolismo mayor porque es el lugar físico más cercano donde pueden recordar su territorio y lo que allí pasó.

“El dibujo del helicóptero es cuando nos desplazaron en 1997 que llegaron bombardeando. Fue cuando asesinaron al hermano Marino López. El señor que está tirado es un reflejo de eso, de cómo fue la humillación, cómo lo mataron; porque a través de eso también se dice la verdad, y si no hacemos eso entonces la memoria se pierde”, reflexiona Alicia.

Operaciones simultáneas

Fue en el coliseo de Turbo, estando en situación de desplazamiento, donde las víctimas recibieron la noticia de que Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA) les había otorgado un título colectivo de 103 mil hectáreas a las 23 comunidades negras asociadas al Consejo Comunitario de la Cuenca del Cacarica, por medio de la Resolución 0841 del 26 de abril de 1999. La decisión benefició a 710 familias, 3.840 personas.

Por la omisión en la protección a estas comunidades afrodescendientes chocoanas, el Estado colombiano fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en decisión proferida el 20 de noviembre de 2013.

En el fallo se narra que “a partir del 24 de febrero de 1997 fue iniciada en la zona del río Salaquí y del río Truandó, municipio de Riosucio, Chocó, la Operación militar de contraguerrilla denominada ‘Génesis’, durante la cual habrían sido atacados por lo menos siete objetivos (…); paralela y simultáneamente a esos hechos, y en el marco de lo que luego fue llamado ‘Operación Cacarica¡ (…), unidades paramilitares del ‘Bloque Chocó’ y del Grupo de ‘Pedro Ponte’ incursionaron en la región de la cuenca del río Cacarica, varios kilómetros al norte del lugar donde se desarrollaba la Operación Génesis, amenazando y aterrorizando a los pobladores de la zona, ordenándoles dejar sus propiedades y desplazarse”.

La Corte también detalla que “el 26 de febrero de 1997 esas unidades paramilitares dieron muerte al señor Marino López en el poblado de Bijao, y en un período de tiempo que coincidió con parte del desarrollo de las Operación Génesis, un grupo importante de pobladores de la cuenca del Cacarica se vio forzado a desplazarse hacia Turbo, Bocas de Atrato y la República de Panamá. Con posterioridad al desplazamiento forzado, esos grupos de personas enfrentaron difíciles, inseguras e incluso graves condiciones de vida en los lugares de asentamiento provisional, luego de lo cual varios centenares de esas personas retornaron a territorios del Cacarica”.

Sitio de ingreso a la comunidad La Loma por donde en 1997 entraron los paramilitares hacia Bijao.

Versiones de la comunidad, expuestas ante la Corte IDH, revelaron que Marino López fue decapitado de un machetazo por un paramilitar conocido como alias de ‘Manito’, quien luego de asesinarlo desmembró su cuerpo y jugó fútbol con su cabeza, hecho que ha sido negado por Fredy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, uno de los jefes de las ACCU que comandó esa incursión.

Por esos hechos, el Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a 25 años de cárcel al general Rito Alejo del Río, excomandante de la Brigada 17 del Ejército.

Citando este fallo, la Corte IDH concluyó que “el desplazamiento forzado de los pobladores de Bijao así como el asesinato de Marino López no serían actos aislados, sino que forman parte de una estrategia de consolidación paramilitar, toma de territorios y sometimiento de un enemigo común, por la manera [en] que se ‘utiliza’ a Marino López como medio o instrumento para obtener un fin (…) en un contexto predeterminado y con un objetivo específico, vale decir, causar terror para lograr el desalojo de una población civil no combatiente”.

Recorrido de memoria

El acto de conmemoración en el coliseo de Turbo hace unas semanas fue el punto de partida de las jornadas de memoria que se realizarían en el corazón de Cacarica, hacia donde partió, el 3 de marzo, una treintena de personas entre víctimas, defensores de derechos humanos, colectivos juveniles, líderes comunitarios, integrantes de organizaciones sociales y miembros de la comunidad internacional.

El viaje tomó cerca de tres horas en lancha. Saliendo del puerto de Turbo, la embarcación cruzó el Golfo de Urabá y tras media hora de viaje por el mar Caribe se adentró aguas arriba del río Atrato hacia territorio chocoano. El recorrido pasó por Bocas de Atrato, el parque natural nacional Los Katíos, Tumaradó y Puente América.

En este punto el bote abandonó el Atrato para remontar el río Cacarica, pasando por La Loma hasta llegar a La Tapa. De allí en adelante, por el bajo nivel del agua a causa del verano, se hizo necesario seguir a pie durante una hora para llegar a la comunidad El Limón y, finalmente, a la zona humanitaria a donde regresaron las comunidades.

Por estos humedales en la cuenca del río Tumaradó regresaron desde el 2000 las primeras familias retornadas a Cacacarica. Hoy las comunidades viven principalmente de la pesca, cultivos de pan coger, ganadería y cría de animales de corral.

Ese recorrido fue el mismo que, en enero de 2000, hicieron los primeros retornados a Cacarica pese a que en el territorio continuaban presentes células de la guerrilla de las Farc y comandos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). En la primera fase regresaron 270 personas; en la segunda 84; en la tercera 450; y luego otras 150. El proceso se desarrolló a través de la Asociación Comunidad de Autodeterminación, Vida y Dignidad (Cavida), conformada por los desplazados, quienes, por seguridad, se agruparon en dos zonas humanitarias: Vida Digna y Esperanza en Dios.

Eladio Orjuela fue uno de los primeros en regresar. Aún recuerda que llegó junto a otras 56 familias a la comunidad El Limón y se ubicó la zona humanitaria Esperanza en Dios. Pero las agresiones de los paramilitares contra los retornados no se hicieron esperar y, a raíz de las presiones, Eladio y sus demás compañeros decidieron adentrarse en la selva buscando mejores condiciones de seguridad, donde conformaron Nueva Esperanza en Dios. Fue en este sitio donde se llevó a cabo el Festival de Memoria 21 años #YoSoyGénesis.

“Hoy, después de 21 años, más que llorar, más que sufrir, estamos conmemorando con alegría y esperanza. Esperanza de que en el horizonte brilla un nuevo momento, un nuevo amanecer. Es la esperanza que nos da la justicia especial para la paz y sobre todo la comisión de la verdad”, afirma Bernardo Vivas, representante legal de Cavida.

 

Durante los actos de conmemoración los familiares de las víctimas hicieron una galería con las fotos de las personas desaparecidas y asesinadas.

Las jornadas del festival incluyeron visitas a monumentos de las comunidades, recorrido y caminata de memoria, actos conmemorativos en lugares emblemáticos, actividades artísticas, proyecciones audiovisuales y talleres de memoria.

Se alistan para Comisión de la Verdad

Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, destaca la realización del taller La memoria, la verdad y la justicia, las oportunidades abiertas en la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz, que fue apoyado por tres organizaciones que acompañan procesos de víctimas y reclamantes de tierras en Urabá y Chocó: la Corporación Jurídica Libertad, la Fundación Forjando Futuros y el Instituto Popular de Capacitación (IPC).

El evento formativo retomó lo consignado en el Acuerdo Final para la terminación del conflicto firmado por el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá, luego de cuatro años de negociaciones en La Habana, Cuba. En el documento se pactó la creación de un sistema de verdad, justicia y reparación que incluyó la creación de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad. De ahí la importancia que tuvo este taller en Cacarica

Oscar Correa, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, explica que este proceso “busca garantizar el acceso de víctimas de Urabá y el Bajo Atrato a la verdad y la justicia, a través de su participación cualificada en la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial de Paz”. Para ello, agrega, “las organizaciones se proponen fortalecer las capacidades de las víctimas y sus organizaciones, sistematizar la información relacionada con los hechos ocurridos en estos territorios e incidir ante los mecanismos de justicia transicional”.

Al respecto, Rueda dice que ese ejercicio “nos posibilitó estar de manera directa con víctimas del Bajo Atrato afectadas no sólo por las operaciones militares sino también por el despojo de tierras y daños ambientales ocurridos desde 1996 hasta la fecha; con dinámicas en las cuales hay responsabilidades de actores privados o empresarios que se han beneficiado de las acciones paramilitares que ha desarrollado la Brigada 17”.

La región de Cacarica posee una alta biodiversidad de fauna, entre las cuales se destacan aves como Guacamayas, águilas, garzas y carpinteros; peces, micos y réptiles como babillas, serpientes y salamandras. Así mismo posee una amplia flora entre la que se destacan árboles como el cativo, de vital importancia para la vida de los humedales y para la reproducción de peces. Esta es una de las especies que ha estado más amenazada por la explotación maderera adelantada por empresas legales e ilegales.

La responsabilidad de algunos empresarios en el despojo de tierras y el daño ambiental en Cacarica, implicaría a ganaderos y madereros principalmente. De hecho, algunas empresas madereras han sido investigadas por adelantar explotaciones forestales dentro del territorio colectivo.

De acuerdo con la sentencia de la Corte IDH, “en el año 2001 la Procuraduría General de la Nación inició un proceso disciplinario contra la junta directiva de Codechocó, por su complicidad con la actuación ilegal de las empresas Maderas del Darién S.A. y Pizano S.A., mediante el otorgamiento de permisos de extracción, la legalización de la madera a través de mecanismos irregulares y la contribución al enriquecimiento de terceros”. El proceso finalizó con un fallo en el que se destituyó a varios directivos de la entidad ambiental.

Ante las agresiones que vulneraron sus derechos como colectivos étnicos, las comunidades afrodescendientes de Cacarica exigen verdad, pero también una justicia que sea restaurativa. Según Bernardo Vivas, para los pobladores de Cacarica “la Comisión de la Verdad es la posibilidad de conocer, a través de los infractores, ¿por qué nos desplazaron? Y no sólo eso, sino que ellos se reivindiquen con nosotros; es decir, cómo entre victimarios y víctimas podemos, en el marco de la verdad, del arrepentimiento, de la posibilidad de un no más, de un perdón, empezar a reconstruir juntos los tejidos sociales y a este país, por los destrozos de más de 50 años de conflicto”.

 

Mapa elaborado por la comunidad de Nueva Esperanza en Dios que ubica las comunidades asentadas en el territorio colectivo.

Cuando ocurrió el desplazamiento, Vivas tenía 39 años. Y reconoce que el proceso ha sido muy duro para él porque apenas hace seis años comenzó a hacerse a la idea de que tenía que cambiar “los odios por alegría y los temores por armonía”; tenía que ser un hombre diferente y, como líder, mostrarles a sus compañeros que la vida había cambiado y que debían ser nuevos “en pensamiento y en proyección hacia el futuro”.

Bajo esa nueva visión, reforzada por el acuerdo con las Farc sobre reparación a las víctimas, las comunidades de Cacarica empezaron a pensar en el tipo de justicia que querían para sus territorios y concluyeron que debe ser restaurativa.

“No tiene que ver con que todos los infractores vayan a parar a la cárcel”, explica Vivas. “En el marco de la JEP lo que buscamos son sanciones que permitan que esta gente venga a los territorios a tratar de reconstruir con nosotros todo lo que se destruyó en su momento. Entonces, más que dinero, es la manera como nosotros queremos que se repare el daño causado, que no solo es del victimario sino también del Estado porque, entre otras cosas, todo lo que nos pasó es responsabilidad del Estado porque era el que tenía que garantizar protección”.

El Estado ha incumplido sentencia de la Corte IDH

El fallo de la Corte IDH le ordenó al Estado colombiano abrir las investigaciones necesarias para individualizar, juzgar y sancionar a todos los responsables de los hechos ocurridos en Cacarica; restituir el efectivo uso, goce y posesión de los territorios colectivos a las comunidades de Cacarica y brindar garantías en los territorios restituidos; realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad; difundir la sentencia emitida por la Corte en un medio nacional; brindar tratamiento médico adecuado y prioritario a las víctimas; entre otras cosas.

Pero el Estado colombiano, dijo Danilo Rueda, miembro de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, “ha sido indiferente frente a la sentencia de la Corte Interamericana. Toda la propuesta de reparación colectiva, que fue construida con las comunidades de este territorio colectivo, ha sido negada por el Gobierno manifestando que la propuesta de protección ambiental, de garantías para el uso y disfrute del territorio no se contempla en los contenidos de la sentencia, cuando varios de los artículos señalan la necesidad de protección, del uso y goce del territorio”.     

Lo único que se ha cumplido, anotó Rueda, fue la publicación en un medio nacional. Sin embargo esta “fue inconsulta, porque las comunidades, como tiene una tradición más oral, pidieron que fuera radial y televisiva y no una publicación en un diario de circulación nacional que la gente no vio ni leyó”.