Por Agencia Prensa Rural

La inequidad, el abandono estatal y el conflicto armado han hecho que el campesino deje su vocación agrícola y su cultura agraria

Colombia vive un momento de transición importante y necesario para generar nuevas dinámicas de desarrollo e inclusión. Pero hay ocasiones en que esa oportunidad de un país distinto se ve arrebatada por intereses económicos que han mantenido unas minorías pasando por encima de las mayorías, con engaños, robos, corrupción y violencia.

La tierra en Colombia es un tema complejo y para tratar de comprenderlo un poco, en esta ocasión tenemos las palabras del profesor Absalón Machado, quien es economista de la Universidad de Antioquia y magíster en economía de la Universidad de Chile. Fue profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional, es experto en temas agrarios y ha publicado libros como De la estructura agraria al sistema agroindustrial y El problema de la tierra (Conflicto y desarrollo en Colombia).

En el primer semestre de 2017, la agricultura, caza, silvicultura y pesca tuvieron un aporte del 7,7% del Producto Interno Bruto (PIB), el resultado más alto para un primer semestre desde 2001. No es un aporte muy significativo en relación al sector rural del país, sin embargo la tierra sigue representando el mayor conflicto en Colombia.

—¿Por qué se acumula tanta tierra si ésta ya no es tan rentable?

—Quien invierte hoy en tierra no es un empresario sino un rentista para valorizar y reclamar una plusvalía, sin hacer esfuerzos productivos y sin pagar impuestos. La tierra en sí no es lo importante como un fin, sino como un medio para controlar el territorio y la población por parte de agentes que buscan reproducir el capital de manera intensa. En los territorios están los recursos estratégicos como el agua, el medio ambiente, la tierra, las riquezas minerales, los bosques, la fauna y otros que son atractivos y que en el futuro adquirirán grandes valoraciones por la sociedad.

 Río Murindó, Mutatá, Antioquia. Foto: Bibiana Ramírez

—¿Cuál es el principal problema rural en Colombia?

—Hay multitud de problemas y todos están interrelacionados, ninguno tiene su propia autonomía. Considero que la inequidad, la falta de oportunidades, la carencia de una política estructurada del Estado para el sector rural y el conflicto armado con todas sus derivaciones son los problemas más críticos y alrededor de los cuales giran los demás. La inequidad en el acceso y distribución de factores productivos y especialmente la tierra, y en el acceso a oportunidades, bienes públicos y servicios, marca de manera muy fuerte la vida de la población rural.

Y para mencionar otros problemas encontramos que el abandono y despojo de la tierra se acentuó en los últimos veinte años. Hay desigualdad en el cobro del impuesto predial. No hay un catastro actualizado. Altos niveles de pobreza. Una frontera agraria sin el control del Estado, por ende una colonización caótica. Hay mucha tierra subutilizada.

—¿Qué cambios, desde los gobiernos, se podrían hacer para mejorar la situación del campo?

—Cualquier estrategia de desarrollo rural debe partir de la terminación del conflicto armado, el combate decidido al narcotráfico y la corrupción. Lo mismo una urgente estrategia de fortalecimiento de la pequeña producción familiar para sacarla de la mera subsistencia y la pobreza y darle oportunidades de pequeñas acumulaciones de ingreso.

Montañas del Suroeste de Antioquia. Foto: Bibiana Ramírez

—¿Por qué Colombia no ha hecho la reforma agraria?

—En el país se han realizado dos esfuerzos importantes de reforma agraria. La expedición de la ley 200 de 1936 durante el gobierno de Alfonso López Pumarejo, y la ley 135 de 1961 durante el primer gobierno del Frente Nacional de Alberto Lleras Camargo. Después de ello la reforma declinó y trató de recuperarse en el gobierno de Virgilio Barco con la ley 30 de 1988, que se aplicó no más de dos años, y la ley 160 de 1994 del gobierno de César Gaviria que sigue vigente pero con muy poca aplicación. Tanto la ley 30 como la 160 buscaron reactivar la reforma que había sido congelada en el año 1972 con el Pacto de Chicoral.

Pero durante 25 años fue archivada la discusión de la tierra después de la ley 160 y es ahora que ha vuelto a salir con el Acuerdo de La Habana. La estructura agraria se convirtió en un inamovible de la política pública y se ha dejado en manos del mercado y de los poderes extractivistas. Hemos tenido una política de baldíos, pero es un escape a la reforma agraria. La tierra se convirtió en un instrumento de la guerra y despojo del campesino, y el Estado no cumple las funciones sociales.

La reforma agraria se fue muriendo porque no había apoyo político para hacerla, los propietarios se han opuesto al reparto de tierras, los gobiernos se ocuparon más de enfrentar el conflicto armado interno descuidando la política agraria, se consideró por varios gobiernos que los campesinos no podían competir en una economía abierta y globalizada, y que por tanto eran los grandes empresarios los que podían aumentar la productividad y participar en los mercados internacionales. 

—¿Cómo ve hoy la relación entre el campo y la ciudad?

—No hay relación entre lo urbano y lo rural: lo urbano lo considera un sector atrasado.

Los urbanos no tienen conciencia por el problema de la tierra y no analizan la migración incontrolada hacia los pueblos y ciudades. Al campesino, en los centros urbanos, lo recibe la informalidad, el delito, los problemas sociales y se va generando un despoblamiento del campo.

La distribución minorista está en manos de empresas donde la finalidad es meramente económica pero no social, por lo tanto no se regulan los mercados de insumos, hay especulación de precios y no se eliminan los elementos monopólicos y mafiosos que allí existen.

No existe organización civil fuerte de los habitantes rurales para trabajar y apoyar protocolos de transformación rural, además de que la reforma no cuenta con el apoyo del sector urbano.

—¿El acuerdo de La Habana ayuda a resolver estos problemas?

—Sí ayuda, pero de manera parcial, no total. No es una garantía. No está hecho para el rediseño del mundo agrario. Puede hacer mellas, pero no en el fondo. No rompe la inequidad pero es un buen comienzo. Abre una puerta para un rediseño del Estado. La sociedad no debe dejar pasar esta oportunidad porque luego nos lamentaremos.

Para Absalón Machado los agricultores están desprotegidos y no han contado con una política de Estado diseñada de acuerdo con las necesidades y potencialidades; esa política sufre del síndrome de las coyunturas y no hay estrategias centrales de largo plazo.

“Mujeres, jóvenes, etnias, ancianos y buena parte de la población económicamente activa y en edad de trabajar está por fuera de esas posibilidades porque la estructura agraria y las políticas del Estado no les abren caminos para moverse con libertad y acceso a lo que requieren para generar riqueza y bienestar”.

Foto portada: Cañón del río Cauca, Ituango. Foto: Bibiana Ramírez