Por Agencia Prensa Rural

Más de un mes lleva la protesta pacífica en Remedios y Segovia. Tres muertes, decenas de heridos y un pueblo destruido por la sed de oro.

Las calles de Segovia están desiertas. Las puertas de las casas cerradas. El temor es latente. A la entrada del pueblo está el Esmad con su tanqueta al lado. Detrás hay una pared donde dice, en letra muy grande, “paro minero”. Lo que desde el 21 de julio empezó como una protesta pacífica, hoy se ha convertido en un campo de guerra. Y no porque los mineros hayan decidido hacer la guerra, sino porque la Fuerza Pública entró con la orden de desalojar la protesta y ellos se defendieron.

El problema no es sencillo y tiene su antigüedad. En el 2003 el gobierno de Uribe le quitó a los jubilados y al sindicato la Frontino Gold Mines, una empresa que había sido entregada a los mineros como pago en 1977. Los trabajadores la mantuvieron hasta que empezaron la persecución, el asesinato y el despojo. Llegó la Zandor Capital que es filial de la Gran Colombia Gold, una transnacional canadiense que dice haber comprado todos los terrenos de Segovia.

En el 2010 los antiguos trabajadores de la Frontino seguían luchando para recuperar la empresa, pero lo que recibieron fue una fuerte agresión del Esmad que fue pagado por la Zandor para sacarlos, dicen algunos. Hoy miles de mineros viven en casas que la misma Frontino les entregó, porque era una sociedad en beneficio de los trabajadores. Hasta tiendas tenía para venderles alimentos más baratos. De esas casas los quieren desalojar.

Después sale el proyecto de ley 169 que judicializa al minero tradicional y ancestral. Y luego el decreto 1102 que bloquea la comercialización del oro. De cien gramos que podían vender los barequeros y chatarreros se rebajó a 35, es decir: siete castellanos al mes. Tienen hasta diciembre para sacar el RUT y formalizarse. Situaciones que no solo afectan al pueblo sino que llegan hasta lo rural. Unas 50 mil personas entrarían a engrosar la larga lista de hambre en el país.

Bajo la figura del amparo administrativo, la transnacional defiende la potestad de los títulos que tiene en el territorio y que fueron otorgados por el Ministerio de Minas. Con esta figura la empresa pretende desalojar alrededor de 120 minas que pertenecen a las comunidades de Remedios y Segovia.

Una fuente que trabaja en la Gran Colombia Gold dice que la idea es hacer minería a cielo abierto, por eso la necesidad de desocupar a Segovia. También tienen el proyecto para Remedios y Carrizal. Sacar el oro en diez años, lo que podría ser cien para los pequeños mineros.

La Mesa Minera dice que los estudios realizados por Corantioquia señalan que la actividad minera desarrollada por la Gran Colombia contribuye al ochenta por ciento de la contaminación en la región. Los mineros tradicionales dicen estar dispuestos a disminuir los impactos ambientales, pero para eso es necesario el apoyo del Gobierno.

Gases lacrimógenos lanzados desde el colegio. Foto: Bibiana Ramírez - APR.

Aniquilar un pueblo

El 21 de julio todo Segovia decidió hacer una protesta pacífica para exigir al Gobierno el derecho al trabajo digno. El nordeste antioqueño tiene una tradición minera de por lo menos 400 años. La intención era bloquear la entrada de las volquetas a la transnacional y todo tipo de actividad. Remedios también decidió parar, pues la mayoría trabaja en las minas de Segovia.

A los diez días se unieron comunidades indígenas y campesinas que se ubicaron en el coliseo. Un día después, 31 de julio, llega el Esmad, ataca y los mineros responden a las agresiones. Quedaron once heridos en Segovia y 16 en Remedios, en el sector La Cruzada.

La protesta pacífica continuó y el 14 de agosto, en medio de una misa de sanación donde había cerca de tres mil personas, el Esmad vuelve a atacar. Ahí se complica la situación. Los enfrentamientos duran toda la noche y todo el día siguiente. Entre el tumulto y los gases, llega una madre corriendo con cuatro niños, todos llorando y casi ahogados porque uno de los gases cayó en su casa. La gente los socorre con leche y los ubica en un lugar seguro.

El 15 muere Brandon Stid Ochoa de 18 años, “quien no hacía parte de la protesta, sino que estaba de observador y recibió un impacto de bala en el pecho”, dice Lizbeth Albornoz, quien estaba al lado del muchacho y también recibió un impacto de goma en su estómago. Ahí quedaron nueve heridos, dos de gravedad.

Llega más Esmad, se instalan en el hospital municipal, en las casas de la comunidad y en el colegio Liborio Bataller, destruyendo en gran parte estos espacios. El colegio fue la mayor trinchera, quedando casi inservible. Se podía ver como la Policía dañaba las rejas, quebraba los vidrios. Después la comunidad recogió de allí grandes cantidades de artefactos explosivos que eran lanzados a los manifestantes.

Hay evidencias, que la misma gente pudo registrar, de francotiradores, personas de civil con armas, maltratos físicos y verbales por parte de la Fuerza Pública a la población. Los gases lacrimógenos eran tirados a las casas. Los ataques no paraban.

El viernes 18 de agosto, mientras todo el pueblo se reunía en el sector de la Electrificadora, donde está la mayor concentración de la protesta, a hacer un homenaje al joven asesinado para luego llevarlo al cementerio, mientras las mujeres se preparaban para hacer una marcha pacífica en Remedios y otra parte de la comunidad hacía denuncias ante un delegado de la Procuraduría, la Alta Consejería de la Presidencia para los Derechos Humanos, Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia y a una comisión de derechos humanos que viajó desde Medellín, el Esmad vuelve a atacar, esta vez más fuerte, entrando la tanqueta hasta la Electrificadora.

La población asustada corría para todos lados. Se escuchaban gritos, llantos, rezos, insultos, tiros, explosiones, el carro de Bomberos con su alarma a socorrer heridos. La indignación crecía. “No respetaron ni el entierro de Brandon. No teníamos ninguna vía bloqueada. Teníamos las esperanzas puestas en esa comisión del Gobierno que había llegado”, dice una mujer que en medio del caos busca la salida para su casa.

Ese día pierde la vida Alexis Acevedo de 42 años, con impacto de bala en el pecho. Queda un herido de gravedad, al que días después le amputan la pierna en el hospital de Rionegro. El hambre empieza a mostrarse. Los alimentos están más costosos. Se van acabando las provisiones hasta de vinagre y leche para amortiguar el gas.

El 3 de agosto hubo otra muerte en extrañas condiciones. Mientras estaba la comunidad reunida en la Electrificadora, algunos jugaban cartas, otros conversaban, se presentó una discusión de una pareja, muchos huyeron del lugar. Dos hombres encapuchados se acercan y le dan un tiro en la cabeza a Hernán Tobón, un joven con discapacidad que iba con su padre. “Yo nunca me despegaba de mis hijos y menos de Hernán que no leía, ni hablaba, que había que acompañar a todos lados”. La Mesa Minera advierte que este hecho fue un aviso y una provocación.

El mismo viernes 18, en la noche, el Esmad entra al parque principal. Los segovianos denuncian que la Policía está por los barrios hostigando, disparando y amenazando. El hijo de un pastor del pueblo es golpeado en la puerta de su casa, donde estaba con su familia. Yeferson David, de 23 años, denuncia que le dispararon en tres veces y en sus bolsillos tiene las evidencias. Cuando camina, sus gestos son de dolor. En el cuello tiene huellas de golpes. “La Policía me dijo que agradeciera que no me habían matado. No tenían nombres, por eso no los identifiqué”.

De la minería viven Remedios y Segovia con sus veredas. Acabándose ésta, se acaba el trabajo para el arriero, el transportador, el chatarrero, el barequero, el comerciante. Como dice un campesino: “De la minería depende desde el ilustrador hasta el párroco”.

“No se cómo explicar lo que pasa, por qué nos criminalizan y nos atacan. La multinacional nos robó la tierra. Hemos perdido la libertad y el derecho al trabajo. Ya no me importa perder mi vida, la entrego para que las próximas generaciones tengan una vida más digna. Santos es el Nobel de la guerra”, dice en medio de lágrimas Amparo Melo, barequera de Segovia.

Refugio humanitario. Foto: Bibiana Ramírez - APR.

 

Refugio humanitario

Los campesinos e indígenas se declararon en campamento de refugio humanitario y aun así, en las últimas agresiones, fueron sacados del coliseo. Ellos, aunque cultivan la tierra, también extraen oro para suplir necesidades familiares. Unas 400 personas llegaron desde las regiones a apoyar la protesta.

Los indígenas siempre andan con su familia completa, por lo que se podía ver en el coliseo muchos niños jugando y algunos ancianos enfermos. Por esos días nació un niño al que el gas le estaba afectando la respiración. Las mujeres fueron recibidas en algunas casas con sus hijos. Algunas embarazadas estaban presentando dificultades, dolores extraños en sus cuerpos.

Para los segovianos es claro que el espíritu de solidaridad siempre los ha acompañado y más en estos momentos de crisis humanitaria. Por eso, entre todos se cuidan, se apoyan y no piensan dar un paso atrás, pues están defendiendo su territorio, su trabajo y sus vidas.

“Aquí no vinimos a formar una guerra, vinimos a defender nuestros derechos, a apoyar una causa justa, si no lo hacemos nosotros, en el campo también nos vamos a quedar sin trabajo”, dice un campesino que llegó desde la vereda Carrizal.

Artefactos lanzados por la Fuerza Pública. Foto: Bibiana Ramírez - APR.

 

Institucionalidad local

El Gobierno nacional ha manifestado ante los medios que no le interesa ofrecer soluciones a la población minera. EL Gobierno local no ha dado la cara a la comunidad. Se creó un Puesto de Mando Unificado (PMU) que “es el que facilita la coordinación interinstitucional, autorizados para tomar decisiones”. Pero allí nada más convocan al alcalde y al personero. Hacen reuniones a puerta cerrada y no dan informes de lo que se decide.

El personero renunció a estar en ese PMU porque dijo que las declaraciones hechas por la Policía al periódico EL Colombiano ponen en riesgo su integridad. “Tenemos un Puesto de Mando Unificado con todas las autoridades, personería y nada de lo que se hace aquí se hace sin el aval de ese PMU”.

El concejo de Segovia, en sesión informal, decidió que se iba a unir con el de Remedios para lograr tener más incidencia con las instituciones. “Primero sacamos un comunicado rechazando las agresiones del Esmad y pidiendo que salieran del municipio. Pero ya las denuncias no sirven, como concejo no nos quieren escuchar. Estamos desprotegidos. Atacan a las mujeres, a los niños y ancianos”, dice Pablo Gómez, presidente del concejo.

“Ni los alcaldes ni el personero salen a la luz pública denunciando estos hechos que están violentando a la comunidad segoviana”, dice Jaime, vicepresidente de la Mesa Minera.

Para esta semana se tienen propuestas varias reuniones con Gobernación de Antioquia, Ministerio de Minas, Mesa Minera, Alcaldía y la transnacional para llegar a acuerdos que devuelvan la calma a Segovia y Remedios y los mineros puedan seguir trabajando.

Desinformación

Ante esta crítica situación, la institucionalidad ha prestado poca atención. En cambio se encarga de estigmatizar la protesta pacífica y de ligarla a los grupos armados. El gobernador de Antioquia es el principal señalador, y sin pruebas da declaraciones a los medios de comunicación que le siguen el juego.

Dice que es un paro armado impulsado por el Clan del Golfo. Aseguró que la muerte de Brandon fue en una riña y que la Mesa Minera está obligando y amenazando a la gente para que salga a la protesta. Que los bomberos están repartiendo explosivos y un sinnúmero de aseveraciones que ponen en riesgo a la población. Todo esto ha sido desmentido por los manifestantes.

Después dijo que a los indígenas les estaban pagando por estar allí y que el gobernador de ellos se la pasaba borracho, por lo que tuvieron que sacar un comunicado desmintiendo tales declaraciones. La misma transnacional pagó un costoso aviso en el periódico El Colombiano donde señala a los mineros de ser del “cartel de los explosivos que tienen en jaque a Segovia y Remedios” y agradece a Luis Pérez y al Esmad “por la celeridad para controlar el orden público y garantizar la seguridad de los habitantes de la región”. Seguridad que no existe.

Precisamente este medio de comunicación es el que está haciendo el juego sucio, pues está dando voz a las autoridades y su fuente principal es la transnacional. Con respecto a los francotiradores, en un texto citan al comandante de la Policía, Carlos Rodríguez, donde dice que: “Mostrando la foto a las unidades policiales que están, no se tiene esa persona acá en este municipio. Puede que sea una foto vieja, no se sabe bien si es de Segovia, pero no corresponde a los hechos actuales”.

Justo cuando estuvo la Procuraduría recibiendo denuncias, que por cierto lo hizo de afán y sin respeto a la gente, llegó una mujer a decir que ella había tomado la foto y grabado al francotirador que estaba en su casa. “Es un descaro que la Policía diga que no es aquí, tengo las evidencias”, dice la mujer.

Ahora sí están yendo los medios de comunicación a decir que están con la gente, cuando unas semanas antes hacían todo lo posible para estigmatizar la protesta y para dejar de mostrar una cruda realidad que tiene nombre propio: saqueo y despojo.

Todo esto ha despertado una fuerte movilización en la gente. Casi todos los días hay marchas pacíficas, donde salen las mujeres, los niños, los jóvenes, bomberos y habitantes de otros municipios que se solidarizan y traen víveres para apoyar la protesta.

El desplazamiento interno es evidente. Las familias salen de sus casas con algunas pertenencias, los rostros inundados de miedo, la mayoría sin saber para dónde ir. Y a más de un mes de protesta, no llega ninguna solución. Todos se preguntan cuántos muertos más tendrán que poner para que el Gobierno los escuche.