En menos de tres semanas desertaron 79 alumnos de los grados sexto a once, 72 de ellos del colegio Pedro Nel Ospina en el casco urbano y 7 de la sede rural Pío X. En esta última, el caso más reciente es el de un joven que fue abordado por dos hombres en moto quienes lo amenazaron de muerte ordenándole salir del municipio.

La problemática de deserción fue confirmada por el Secretario de Educación de Ituango, Juan Felipe Tobón Mazo, quien informó que “varios estudiantes han aducido amenazas y se han ido del municipio. Sin embargo, ellos no han colocado la denuncia acá en Ituango sino en otras partes. Nosotros ya le pasamos el listado a la Policía y ya ellos están investigando para averiguar qué fue lo que pasó”.

La rectora del colegio denunció que “los grupos quieren reclutar a los chicos para el micro tráfico. El consumo ha aumentado, pero también hay jóvenes que quieren hacer de esto un negocio de vida ante tanta pobreza y falta de oportunidades”.

La problemática de fondo, agregó, es que “los jóvenes no tienen opción de realizar estudios universitarios. Hay presencia del SENA pero los cupos son pocos. Y eso favorece el reclutamiento. Cada año, de la institución educativa egresan en promedio 200 alumnos de los cuales solo se vinculan al mercado laboral entre 30 y 50”.

Las deserciones se intensificaron después del 4 de julio cuando los alumnos regresaron de vacaciones. Algunos de los estudiantes, anotó la rectora, “se van porque los amenazan cuando se niegan a traficar drogas; otros porque al parecer ya estaban metidos ahí y sienten miedo por asesinatos que están pasando; y otros porque sus familias, que han dependido de los cultivos de coca, están siendo presionadas para que esos cultivos estén a favor de otros grupos que están llegando al territorio”.

Luis Palacio, docente de la Institución Pedro Nel Ospina, anotó que si bien “el área rural no está tan permeada por el micro tráfico como la zona urbana, allí si hay queja de profesores y campesinos sobre la presencia de grupos armados no identificados que algunas veces tienen prendas militares y otras están de civil”.

Organizaciones de derechos humanos de Ituango ya han denunciado la incursión de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) a las zonas que abandonó el Frente 18 de las FARC tras la firma del acuerdo de paz. De igual forma, se ha alertado sobre la presencia de la banda Pachelly, proveniente de Bello en el Valle de Aburrá.

Todo esto persiste pese a que en Ituango se viene fortaleciendo la presencia del Estado, de organismos internacionales y de la Fuerza Pública como parte del proceso de paz; que derivó en la instalación de un Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación y de una Vicealdía para la Paz encabezada por la Gobernación de Antioquia.

Temor en la comunidad académica

Son ya tres las agresiones que este año vulneran el derecho a la educación y el derecho a la libre circulación y permanencia en el territorio. La amenaza y posterior ataque a tiros a un profesor del corregimiento Santa Rita que generó el desplazamiento de tres docentes. La amenaza a la rectora del colegio Pedro Nel Ospina y las recientes intimidaciones a los estudiantes de esa institución.

Estos dos últimos hechos tienen en común el problema del micro tráfico, pues la rectora fue amenazada través de un panfleto que llegó a su oficina, luego de que denunciara los presuntos nexos de algunos miembros de la policía con las redes de traficantes de drogas en el territorio. La denuncia fue hecha a través del canal regional Teleantioquia el 19 de julio, el mismo día que se presentó la vicealcaldía de paz para ese municipio.

La situación se ha vuelto tensa, reconoció el docente Luis Palacio. “Le hemos reclamado a las autoridades por el alto consumo de drogas y el micro tráfico. Además ya nos hemos manifestado en contra de las amenazas y estamos a la espera de que las autoridades encargadas investiguen y judicialicen a la persona o el grupo que está detrás de esto”.

Paralelo a ello, los profesores han adelantado reuniones con los padres de familia y los estudiantes, “para contarles y hacerles conscientes sobre la situación, explicándoles de que manera los educadores están llamados a ser agentes protectores de los jóvenes en contra de los riesgos que puedan tener”, manifestó Luis Palacio.

En Antioquia esta año han sido amenazados 84 docentes que tuvieron que ser reubicados, reveló el Luis Fernando Ospina Yepes, presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), quien rechazó las recientes intimidaciones a la rectora Victoria Zapata.

Pero las problemáticas con los maestros no sólo se derivan del micro tráfico. El presidente de Adida anotó que “de tiempo atrás hay una dificultad con los docentes que llegan a cargos provisionales por concurso en Ituango, porque llegan provenientes de otra región y tienen rechazos de parte de ciertos actores”.

Ante este panorama, el llamado que hace Adida es a “que el Estado garantice la vida y seguridad de los maestros, a que se les respete a los docentes el derecho al trabajo, y a las autoridades realmente hagan las investigaciones correspondientes para que se aplique justicia”, expresó Luis Fernando Ospina.

La Policía está investigando

Respecto a la situación que vive la comunidad educativa en Ituango, el Comando de la Policía de Antioquia respondió que en relación con las denuncias hechas por la rectora y la posterior amenaza en su contra, “hay dos uniformados de la institución que fueron trasladados a otras unidades mientras avanza la investigación para darle transparencia al proceso disciplinario y judicial”.

Acerca de la situación de los estudiantes que han abandonado la institución educativa, la Policía dijo que el caso “está en el proceso de verificación”, y anotó que “después de todas las denuncias se han aumentado las campañas preventivas en lo que tiene que ver con el plan padrino y acompañamiento a las jornadas estudiantiles”.

Finalmente, el Comando de Policía Antioquia confirmó que las AGC hacen presencia en Ituango y otras poblaciones de la subregión, y recordó que el 17 de julio se dio a conocer la captura de Jaime Alberto Quintero Posada, alias El Zarco, quien tenía incidencia en el Occidente y Norte de Antioquia, donde “quería ejercer dominio y apoderarse del territorio especialmente en el tema de cultivos ilícitos”. Sin embargo, la institución dijo que no tiene información sobre la presencia de la banda Pachelly en ese municipio.

Lo que advierte el Secretario de Educación de Ituango sobre la zozobra que vive la comunidad educativa, es que “de voz se dicen muchas cosas, pero la comunidad tiene el temor de denunciar precisamente porque están haciendo ir a la gente”. Para él la situación es lamentable porque “lo que está pasando es un misterio y la policía es muy sigilosa”.

Por su parte, el docente Luis Palacio piensa que “que los organismos encargados son muy lentos en la investigación y muy lentos en dar una respuesta. No sabemos si es por precaución o es que en verdad no tienen información”.