Por: Agencia Prensa Rural  

Dos municipios del suroeste antioqueño crearon acuerdos municipales que prohíben la minería, lo que incomodó al Gobierno y a las empresas mineras.

El suroeste de Antioquia es característico por tener pueblos coloniales, de grandes balcones y ventanales de madera llenos de flores.

También por ser pueblos muy católicos y conservadores. Sin embargo, allí se ha emprendido una gran lucha en defensa de la tierra y la biodiversidad.Por eso es común ver pequeñas banderas puestas en las casas que dicen “No a la minería”, “Sí al agua”, “Sí a la vida”, “Por nuestro territorio”.

Esta es una región que ha mantenido las prácticas agrícolas. El café es la principal entrada económica. La ganadería ocupa grandes extensiones de tierra y es la segunda en generar rentabilidad. La minería nunca ha sido ejercida por los campesinos, aunque hayan entrado algunos foráneos a hacer exploraciones, la secretaría de Minas del Departamento haya otorgado títulos mineros y esté la Anglogold Ashanti tratando de posicionarse.

La minería es la gran amenaza que rodea esta región rica en agua, minerales, flora y fauna. Támesis y Jericó vienen ganando fama porque allí se hicieron acuerdos municipales para prohibir la minería metálica, lo que ha desatado controversias entre la institucionalidad, las empresas mineras y comunidad en general.

Desde 2012 varios pueblos del suroeste vienen trabajando en acuerdos municipales y han emprendido acciones jurídicas para blindar el territorio, pues allí se está imponiendo el proyecto Cinturón de Oro de Colombia, que se desprende de la Cordillera Occidental y abarca los ríos San Juan y Cauca. Por ahora avanzan en exploración de oro, cobre, plata y molibdeno, entre otros.

En respuesta a este proyecto se crea el Cinturón Occidental Ambiental (COA), una articulación campesina e indígena. En el 2014 Pueblorrico también promovió acuerdos municipales. Sin embargo, estos dos intentos fueron declarados como inconstitucionales.

Támesis

Es un pueblo agrícola y turístico. Imponentes montañas, cascadas y ríos lo rodean, además de la memoria histórica dejada en petroglifos por los indígenas. Allí los campesinos han decidido organizarse alrededor de la economía solidaria y el trabajo orgánico de la tierra que en muchas ocasiones han sido apoyados por las administraciones municipales.

En este caso el Concejo municipal aprobó el acuerdo que prohíbe la minería con una votación positiva de sus once integrantes el pasado 28 de mayo. El alcalde también dio su voto positivo, pero el Gobierno nacional demandó el acuerdo. Algunos concejales coinciden en que llegarán a la consulta popular si los intereses de la minería afectan el acuerdo.

Jericó

Es uno de los pueblos más atractivos de Antioquia por sus balcones y conservación de la arquitectura colonial. Está en la meseta de una alta montaña. Es frío y es el municipio que más iglesias tiene. Hay bosques de niebla, lagunas y caminos prehispánicos.

Hace doce años que la Anglogold Ashanti entró allí a hacer exploraciones, donde tienen un título minero para explotar 7,600 hectáreas, más de una tercera parte de las que comprende el municipio (19,500 Ha).

Algunos pobladores cuentan que esta minera llegó haciendo sobrevuelos en helicópteros y con detectores de metales. Empezaron las perforaciones con taladros, donde llegaban hasta los dos mil metros bajo tierra y donde encontraron yacimientos de oro, plata y cobre. Las mismas comunidades notaron que los flujos de agua fueron disminuyendo.

El Concejo de Jericó aprobó, el 7 de junio, el acuerdo municipal con seis votos a favor y cuatro en contra. Los concejales argumentaron que es un llamado al Gobierno para que haga la consulta previa a las comunidades, y ellas puedan decidir qué hacer en su territorio.

¿Acuerdos inconstitucionales?

Después de aprobados estos dos acuerdos en municipios que fácilmente viven de la agricultura y el turismo y que desechan la minería para su desarrollo, salieron las voces en contra de esa decisión popular.

Una de esas voces fue la del presidente de la Asociación Colombiana de Minería, quien dice que el acuerdo en Támesis carece de toda validez jurídica y que las consultas populares son desinformadas. En una de sus columnas desea que las “comunidades vean en esta actividad una verdadera opción de vida”.

También el viceministro de Minas, Carlos Cante, dice que el Gobierno demandará los acuerdos porque “están violando la Constitución. Nosotros como Estado debemos garantizar la estabilidad jurídica a quienes vienen al país y han solicitado títulos mineros”. Además dijo que no permitirá que se frene la locomotora minera y demandará todo acuerdo municipal que se genere.

La Anglogold Ashanti también sacó un comunicado sobre las votaciones en Jericó donde lamentan la decisión tomada por el Concejo, “decisión que además de ser inconstitucional, siembra un grave precedente para quienes buscan invertir en el país. El acuerdo aprobado tiene consecuencias en nuestro proyecto de minería subterránea, proyecto que necesita varios años de estudio e inversión para definir su viabilidad”.

El artículo 37 del código minero, según el cual el único competente para excluir zonas de la minería es el Gobierno nacional, se cayó. Ahora los municipios también tienen esa potestad. Además se retomó la ley 134 del 94 que permite hacer consulta popular cuando se va a cambiar el uso del suelo. La Corte sacó otra sentencia y dijo que las consultas eran válidas y le ordenó al Gobierno hacer un estudio detallado sobre los impactos de la minería en el país. Esperaremos esos resultados.

La sentencia T-445/16 resuelve: “precisar que los entes territoriales poseen la competencia para regular el uso del suelo y garantizar la protección del medio ambiente, incluso si al ejercer dicha prerrogativa terminan prohibiendo la actividad minera”. La misma Corte es la encargada de decidir si es inconstitucional o no.

Defensa de la vida

No es gratuito que estos municipios se estén manifestando a favor de las comunidades que no quieren la minería en sus territorios. No todo el país puede ser minero y menos donde la conservación del entorno es la principal razón de existencia de muchas personas. Estos acuerdos están provocando que otros municipios del suroeste antioqueño también se empiecen a defender y a demostrar al Gobierno que pueden ser autónomos.

Las organizaciones sociales que están allí celebraron estos acuerdos, pues son el resultado de un proceso histórico que no han parado de labrar. “Los acuerdos municipales no representan el inicio ni la culminación de un proceso, expresan el rechazo generalizado al modelo extractivo y un horizonte común compartido para construir condiciones de vida digna y de buen vivir en el territorio COA, donde el agua y la vida estén en el centro”, dice un comunicado del COA.

Se necesitan 477 litros de agua para producir un gramo de oro, lo que podría consumir una persona en un año.