Por: Agencia Prensa Rural

Aumenta la violencia en Remedios y Segovia. Los campesinos exigen que sean incluidos en el proceso de paz pero el Gobierno no quiere ni escucharlos.

Desde hace muchos años las organizaciones sociales del Nordeste Antioqueño vienen denunciando la crisis humanitaria que se vive en esa región. El asedio paramilitar crece y las comunidades no tienen ningún aliado estatal que se apersone de la situación, por el contrario niegan la presencia de esos grupos armados. Las comunidades saben que siempre han estado allí, cambian de nombre y de maneras de accionar, pero con la misma lógica de vulneración de los derechos humanos.

El lunes 5 de junio, por petición de los campesinos, Cahucopana organizó una audiencia pública. Ya cansados de hacer tantas denuncias y de que no sean respondidas, sintieron la necesidad de invitar a las instituciones responsables a que escucharan de la propia voz de los campesinos el temor que los tiene reprimidos. Una vez más fueron ignorados. La Gobernación de Antioquia no respondió al llamado y el Gobierno nacional hizo caso omiso.

La Defensoría del Pueblo es la única entidad que ha hecho las alertas tempranas, pero tampoco son escuchadas. En el último informe de riesgo que hizo la Defensoría en marzo de este año detectaron problemáticas que hoy aumentan. “En el Nordeste (municipios de Remedios y Segovia), si bien hay amenazas específicas, directamente relacionadas con la disputa territorial entre el grupo armado ilegal posdesmovilización Autodefensas Gaitanistas de Colombia y La Nueva Generación, contra administradores, socios de minas e incluso la Mesa Minera de Segovia, constituye una afrenta directa contra defensores de derechos humanos que adelantan acciones de exigibilidad de derechos laborales y defensa del territorio”.

Según este informe, Cahucopana se encuentra en especial condición de riesgo al lado de otras organizaciones sociales. A la audiencia pública llegaron la Unión Europea, Defensoría del Pueblo, el Mecanismo Tripartito de Monitoreo y Verificación local y acompañamiento internacional. Entidades que escuchan, elevan las denuncias, pero no pueden hacer ningún compromiso con las comunidades.

A este espacio llegaron líderes de once veredas a poner sobre la mesa las problemáticas. Muchos con la esperanza de escuchar compromisos serios del Gobierno con la región. “Hacemos las denuncias con miedo y sin miedo. Ya no sabemos qué camino coger”.

El conflicto aumenta

El pantano decora las botas de los campesinos que llegan a Cañaveral, las lluvias no se detienen. Algunos arribaron desde el día anterior por la distancia. Una vez más están rodeados de instituciones, pero en esta oportunidad la mayoría son extranjeras.

Los líderes acordaron hacer las denuncias con la minucia que exige la situación. Hay un conflicto de orden social, económico y de seguridad. “Llevo treinta años aquí y nunca había visto explotar un petardo”, dice uno de los asistentes.

En las veredas aparecen hombres vestidos de negro, preguntando por los líderes y por las dinámicas de éstas. Están muy preocupados los campesinos porque la drogadicción ya se volvió un problema de salud pública. “Esos mismos hombres armados le dan sustancias a los jóvenes para que les suelten información, luego se las dan para que las vendan”.

Los profesores de algunas veredas han sido amenazados. Reciben llamadas, les mandan razones para intimidarlos. La gente se encuentra por los caminos hombres extraños, escondidos detrás de los árboles, se sienten como vigilados. Hay robos, violaciones, maltratos.

Cuentan que en Carrizal llegan encapuchados, entran a las casas, sacan la comida, se llevan objetos de valor y se van. “No podemos tomarles fotos porque están armados, y el Gobierno nos dice que denunciemos, que si no reciben pruebas no se puede verificar. En las reuniones nos hablan de confianza, pero eso no se ha generado. Ningún campesino se va a inventar que vio a dos encapuchados, o que vieron a 18 hombres armados. Eso no se dice ni en charlas”.

A la vereda Panamá Nueve fue el Mecanismo de Monitoreo a verificar lo de la quema de un establecimiento, les preguntaron qué necesitaban, pidieron las entidades y el acompañamiento del Gobierno. “Suceden cosas y nadie nos aclara nada. No volvimos a poner quejas al Mecanismo, no nos prestan atención y ya no nos reciben. Es un desprecio. Hemos pedido acompañamiento humanitario y hasta ahora no ha llegado nadie”, expresa una líder.

La gente se pregunta qué va a pasar con las víctimas de esta región. Masacres y asesinatos que han quedado en la impunidad. Desplazamientos y pérdidas de sus bienes. “Por aquí no ha funcionado la ley de víctimas y restitución de tierras. Si llegó la paz por el Nordeste, pasó de largo”.

Proceso de paz excluyente

En el Nordeste está la Zona Veredal, en Carrizal. Los campesinos se ilusionaron porque entrarían en un verdadero fin del conflicto, pero ese sueño se ha visto lejano. “En este proceso de paz las comunidades hemos sido explotadas, los beneficios no son para nosotros. No mejora la salud, la educación, no tenemos luz, agua potable y ni muestras de que eso llegue algún día”.

El asunto de seguridad es complejo porque el Gobierno dice que está haciendo presencia militar, “pero solo está cuidando la ZVTN y el resto de las veredas quedan desprotegidas. Cada tres días no reúnen, nos ponen a firmar hojas y nunca cumplen con nada. Decidimos no firmar papeles y no ir a más reuniones. Llegan funcionarios y se toman fotos y luego se van. El gobernador de Antioquia ha llegado a la zona y no le ha dado la cara a la comunidad”.

“Nosotros sí estamos de acuerdo con el proceso de paz, hemos vivido el conflicto, hemos perdido a nuestros hijos, padres, hermanos, vecinos, pero el Gobierno no tiene voluntad. Si no le han cumplido a las FARC que están armados, menos a nosotros que no tenemos armas. No nos va a quedar nada”.

Entidades se pronuncian

El Mecanismo, por parte del Gobierno, proponía que la comunidad diera más confianza a las Fuerzas Militares, pero la gente expresa que esa confianza no se puede dar cuando el Gobierno no se ha preocupado por el campesino. Esa confianza se la tiene que ganar. “Uno habla con un soldado, hace la denuncia y al rato llega la amenaza”.

Además reconocen que sí hay grupos armados. “Es una realidad, nosotros sabemos que sí se encuentran. Ya hemos hablado con el Ejército y Policía para ver qué medida pueden tomar ellos, se va a crear un grupo especializado de Policía y su responsabilidad va a ser atacar a los grupos paramilitares, está el decreto, falta la implementación”.

La ONU por su parte se disculpa por no escuchar las denuncias: “Esto es algo nuevo, hemos venido construyendo en la marcha. Es un trabajo cambiar de chip, tanto para el Gobierno, para las FARC y para la ONU”. Pero es el Gobierno colombiano quien debió aclarar esto, la ONU solo son observadores.

En un tono más armónico, la Unión Europea hizo un reconocimiento a los campesinos “por ser capaces de vivir lo que han vivido y aun así mantener esa voluntad de construcción de paz que se ha percibido claramente”. Dice que todas esas denuncias serán llevadas a las próximas reuniones con los gobiernos locales y nacionales.

Y para las FARC todo lo que sucede en las región no es nada nuevo, pero antes podían controlarlo. “La paz es un reto, estamos preocupados porque hay entes que no quieren que se implementen los acuerdos, pero unidos y trabajando todos por esta causa, vamos a dar un paso adelante”.

Retornan los líderes a sus veredas igual que en otras oportunidades, sin respuestas claras y con más temor porque cada denuncia se convierte en una amenaza y hasta en la muerte. “Es lamentable que nos tenga más en cuenta la Unión Europea que vienen hasta aquí a escucharnos que nuestro propio Gobierno”, finaliza diciendo un campesino.

Vereda Cañaveral. Foto Bibiana Ramírez – APR.