La implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP, que se proponen construir una paz estable y duradera para Colombia, ha tenido en todo momento una serie de contradictores que no han sido tan agazapados como en algunas ocasiones se les ha nombrado. Así mismo las acciones en contra de este proceso no son tan distantes o aisladas como han sido presentadas.

Históricamente, en Antioquia, los múltiples asesinatos cometidos de manera sistemática contra líderes sociales, comunitarios y defensores de derechos humanos, han incidido en la capacidad de organización social de modo inversamente proporcional a las voluntades de los sujetos políticos que han promovido alternativas socio-culturales y políticas para las comunidades más vulnerables.

En lo urbano, esta situación abre una brecha intrigante sobre la condición de las organizaciones sociales para rodear tanto la implementación de los acuerdos con las FARC-EP, como el proceso de negociación con el ELN en el que los primeros tres puntos se centran en la incidencia ciudadana como abrazo protector del proceso.

Con todo y esto, pese a que el fin del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional es un tema que se abordará en el quinto punto de la negociación, el Estado colombiano le demanda a esa guerrilla que cese las acciones militares como muestra de interés en el proceso.

Pero a su vez, el Estado demuestra incapacidad para ejercer control en los territorios que las FARC-EP han desocupado, lo que se manifiesta en el incremento del desplazamiento forzado, las amenazas a miembros de organizaciones sociales y políticas, y el copamiento de esos territorios por estructuras paramilitares para construir el nuevo andamiaje logístico para el procesamiento de cocaína, el cobro de vacunas o extorsiones y los corredores para el movimiento de mercancía; situación de inseguridad que se profundiza alrededor de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), configurando el entramado de acciones que se desatan en procura de horadar el proceso, dando continuidad a la guerra aun militar, política, económica y mediática.

Entonces el partido Centro Democrático, dirigido por Álvaro Uribe Vélez, continúa enarbolando banderas de guerra atribuyéndose, con doble moral y rabo de paja, la mesiánica voz de toda la población colombiana contra el terrorismo y la corrupción. 

Así, aunque esa colectividad continua lanza en ristre contra el actual gobierno, sus representantes, y el proceso de implementación de acuerdos y diálogo, los beneficios de la Justicia Especial Para la Paz (JEP) han sido aprovechados por el exministro Diego Palacio condenado por cohecho en la compra de la reelección de Uribe y por dos militares que estaban presos por el asesinato de jóvenes que hicieron pasar por guerrilleros dados de baja en la práctica cobarde y continua de las ejecuciones extrajudiciales que caracterizaron ese periodo. Nadie sabe para quién trabaja, trabaja y trabaja.

Paradójicamente, mientras que esas personas tienen garantías de seguridad, el primer guerrillero indultado de las FARC-EP, tras quince días de haber salido de la cárcel, fue asesinado en su propia casa y, el pasado lunes 25 de abril, en Taraza – Antioquia, fueron masacrados en su residencia Marcela, Kellys y Alberto, de 14, 20 y 30 años respectivamente, todos familiares de otro integrante de las FARC-EP quien se encuentra en la ZVTN de Carrizal.

Los intereses de los dominantes grupos económicos persisten en moldear la opinión pública por medio de Caracol y RCN en mayor medida, al hacer eco de viejas noticias del conflicto, o dedicar pocos minutos a la información que devela la permanente violación de Derechos Humanos, y cuando dedican tiempo a estas noticias, le dan a los hechos un carácter que más suena a replicar la ejecución de una amenaza que a la promulgación de una denuncia.

La otra cara de la moneda es la continuidad de acciones que buscan darle cimientos al proceso de implementación de los acuerdos logrados y los que se establezcan como producto de los diálogos en curso. Algunas de las propuestas propias en la búsqueda de la transformación social son la promoción y continuidad de la formación académica de la guerrillerada: “prepararnos para la vida civil, significa tener herramientas para entrar en el mundo productivo…” es una de las consignas manifiestas en el video “La educación es una prioridad para las FARC-EP”; la declaración de “la naturaleza como víctima del conflicto” en aras de la reforestación y reserva de zonas afectadas por la minería, la tala indiscriminada y el accionar militar; el acercamiento a la población civil estableciendo escenarios diversos de encuentro para la construcción de memoria y futuro como nación, involucrando instituciones, expresiones y grupos sociales.

En Medellín y toda Colombia, los intereses de ese enemigo no tan agazapado, han mantenido forma en la provocación, la censura, el homicidio. Acciones mercenarias que, sin lograrlo, han procurado doblegar el propósito de hombres y mujeres que caminaron, caminan y caminarán por campos y ciudades, en búsqueda del cambio social desde la participación política para el fortalecimiento del tejido social que blinde y legitime el proceso de tránsito del conflicto armado a la construcción de una Colombia en Paz.

Por: Cooesdua