Por Campaña Imprescindibles 

“Esperamos que la reunión que hoy se convoca no sea la réplica de otras iniciativas que han surgido en el municipio para propiciar espacios de diálogo entre institucionalidad y comunidades en aras de aportar a la construcción de paz y la garantía de los derechos humanos. Así ha pasado con el Consejo de paz que hace dos años fue impulsado con mucho entusiasmo, pero hoy nadie sabe cómo funciona ni cuándo se reúne”, expresa inquieto un líder comunitario de Sonsón, minutos antes de entrar a la instalación del Puesto de Mando Unificado por la Vida en esta localidad antioqueña. Mientras disfruta de un café para atenuar el frío que trae consigo una densa neblina que oculta momentáneamente la plazoleta principal, observa desde la tradicional heladería Sirigua, cómo van ingresando a las instalaciones de la alcaldía funcionarios públicos del orden local y departamental, algunos líderes sociales y representantes de organizaciones de derechos humanos para dar inicio a la reunión del PMUV.

Los Puestos de Mando Unificado por la Vida que está impulsando el gobierno nacional a la cabeza del Ministerio del Interior tienen como finalidad articular acciones de prevención y protección que garanticen la vida de líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos y firmantes de paz en todo el país. En el caso del municipio de Sonsón, los riesgos sobre la vida e integridad de quienes ejercen liderazgos comunitarios y ambientales están asociados en la mayoría de las ocasiones a las permanentes tensiones que se producen en los procesos de ordenamiento territorial que definen la vocación productiva de la zona páramo del oriente antioqueño. Esta territorialidad, compartida con sus vecinos Argelia y Nariño, vive un centenar de conflictos socioambientales protagonizados por comunidades campesinas que se oponen a la imposición de economías extractivistas, agroindustriales e ilegales como la producción y comercialización de drogas. Además, debido a su ubicación geográfica que permite la conexión con el suroeste y magdalena medio antioqueño, la autopista Medellín-Bogotá y el norte del departamento de Caldas, Sonsón históricamente ha sido un corredor estratégico para los actores armados que hacen presencia en el noroccidente de Colombia.

Estamos en un estado de inseguridad total

“Actualmente sabemos de la presencia del Clan Isaza y el Mesa en nuestra región” reconoció al inicio de la instalación Edwin Montes, alcalde del municipio. En lo corrido de 2022 la situación de derechos humanos para sus 33 mil pobladores se ha agravado: a la fecha se han presentado aproximadamente 30 asesinatos en el caso urbano debido a las disputas por el control sobre el tráfico de estupefacientes y las extorsiones al gremio de los aguacateros.  En esta nueva ola de violencia la población juvenil ha sido la más golpeada. Según información documentada por la Plataforma Municipal de Juventud, 17 jóvenes han muerto como resultado de la disputa entre grupos armados y, por primera vez en la historia del municipio, se están presentado fenómenos como la comercialización de drogas al interior de las instituciones educativas.

“Los jóvenes nos encontramos en un estado total de inseguridad, eso se debe a que hoy en día no sabemos quiénes son los responsables de las muertes en Sonsón. Y si bien, entendemos que hay un conflicto entre grupos armados por el control del microtráfico, en el que se hace evidente la presencia de estas agrupaciones desde hace décadas en el municipio, ellos dan a entender que no todas las muertes son de su responsabilidad. Entonces no sabemos cuándo estar en la calle, no hay seguridad, no hay certeza para nosotros. Hay casos de jóvenes asesinados que no tienen nada que ver con grupos armados. Por ejemplo, Ányelo Mateo Sánchez Castrillón, integrante de la casa de la Juventud, quien fue asesinado el pasado mes de Julio”, relata con voz de preocupación un líder juvenil de la Plataforma Municipal de Juventud.

En este escenario de tensión, miedo y zozobra los plantones, marchas, velatones y campañas por redes sociales son las acciones que han adelantado desde esta colectividad para que la indiferencia, omisión e impunidad no sean los acompañantes en esta época de violencia que vive el territorio.

Campesinos marginados, territorio codiciado.

El Páramo de Sonsón es uno de los principales ecosistemas del oriente antioqueño. En las montañas que rodean los cerros La Vieja y La Paloma nacen los ríos Tasajo, Paloma, Sirgua y Río verde; siendo este último uno de los principales afluentes del Samaná Norte, único río libre de Antioquia. Su riqueza hídrica lo convierte en la principal despensa de agua de la subregión, lo cual viene provocando una cascada de solicitudes de licencia ambiental para la realización de actividades extractivas en algunas veredas del municipio. Según el informe “Nuevos órdenes, viejas disputas” elaborado por la Mesa de Derechos Humanos del Oriente Antioqueño, desde 2012 han aumentado los conflictos ambientales por la posible construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas (PCH) y la apertura de minas para la explotación de los suelos. Además, durante la última década también se han cultivado grandes extensiones de tierra con aguacate hass, monocultivo que está desvaneciendo progresivamente el espeso verde del paisaje boscoso que caracteriza la zona del páramo, poniendo en riesgo la biodiversidad que albergan estas empinadas y frías cordilleras, así como la autonomía alimentaria del municipio.   

Tras una breve presentación hecha por la Dirección de Derechos Humanos de la Gobernación de Antioquia en torno a la propuesta de ruta para la instalación y dinamización de los 18 PMUV que se harán en el departamento, varias de las intervenciones hechas por los asistente frente a las situaciones de riesgo para las comunidades y los líderes sociales de Sonsón, coincidieron en un caso que ha estado silenciado, pero es de gran preocupación para las organizaciones defensoras de derechos humanos del oriente antioqueño. Se trata de intimidaciones a líderes y comunidades de Rio Verde de los Montes, uno de los corregimientos más extensos y marginados de la subregión.

En la época más aguda del conflicto armado entre insurgencia, paramilitares y fuerzas militares sus habitantes vivieron graves hechos de violencia: desplazamientos, desapariciones, bloqueos económicos y asesinatos por los cuales aún no han sido resarcidos por la institucionalidad. Actualmente ninguna entidad creada en el Acuerdo de Paz de 2016 ha hecho presencia en alguna de las 14 veredas que integran el corregimiento para escuchar los testimonios de quienes permanecieron o han retornado luego de la pacificación del corregimiento.

Desde la Corporación Jurídica Libertad y el Proceso social de Garantías, manifestaron que “durante los últimos dos meses hemos recibido reportes sobre intimidaciones a miembros de esta comunidad que se han opuesto a actividades de minería ilegal que grupos armados ajenos al territorio vienen intentando desarrollar sin el consentimiento de sus pobladores desde hace por lo menos un año. Además, estas prácticas amenazan la conservación de la flora y la fauna en esta importante cuenca hídrica de la región”. Esta denuncia puso en evidencia la desarticulación institucional en el municipio ya que, si bien el alcalde manifestó conocer la situación, ni el secretario de agricultura y medio ambiente, ni el comandante de la base militar estaban al tanto de los hechos. En este sentido, se comprometieron a tomar medidas al respecto para que no se repitan casos como el del líder Edmiro León Alzate, ultimado en 2017 en medio de su activa participación en la negociación de los predios para el proyecto hidroeléctrico Encimadas, la cual se adelantaba entre la comunidad de la Vereda Llano Cañaveral y la empresa Hidroarma, propiedad del Instituto para el Desarrollo de Antioquia.

Si hay voluntad política esto debería funcionar

Cien días es el periodo de tiempo que tendrán las autoridades que asistieron a la instalación del PMUV para avanzar en los diagnósticos y rutas de atención frente a los riesgos que enfrentan los líderes sociales y ambientales en Sonsón. Y si bien, tres meses es un periodo corto de tiempo para mitigar la crisis humanitaria que vive el departamento de Antioquia, sí son una oportunidad para atender los llamados humanitarios, ambientales y sociales que las comunidades campesinas vienen haciendo desde años atrás para permanecer y trabajar en sus territorios con tranquilidad. Nuevamente los retos de estos escenarios pasan por las preguntas alrededor de cómo las diversas instituciones pueden articular esfuerzos, recursos e ideas para atender las denuncias y propuestas ciudadanas. “Es necesario que haya una voluntad política real por parte de los gobiernos nacional, departamental y local para que este espacio y los próximos a instalar en Rionegro y el Carmen de Viboral puedan dar resultados”, señaló al terminar la instalación del PMUV, uno de los voceros de la mesa de derechos humanos del oriente antioqueño