El derecho a la legítima defensa no es más que el derecho legítimo (y reservado) de los ricos a defenderse de los pobres, incluso matándolos. En una sola voz los demócratas liberales colombianos y los fascistas del centro democrático se han unido para exigir la beatificación de quien en Bogotá liquidó a tres supuestos ladrones. No había otra cosa que esperar, si sus intereses coinciden plenamente en mantener el orden de la desigualdad social y en negarse fanáticamente a cuestionarlo, porque en las bases de la sociedad colombiana está la barbarie del todos contra todos, del matar por defender o arrebatar la propiedad.

El sentido común vulgar en que basan su propaganda los sacerdotes de esta doctrina se rompe fácilmente cuando se le enfrenta con la realidad y la historia colombiana. Si hablásemos de legítima defensa, nos obligamos (el pueblo y sus apoderados) a reclamar el derecho legítimo que como indiamenta tenemos a defendernos de los banqueros, de los terratenientes, de los patrones, de los usureros y de su Estado que, mediante el robo legalizado, se chupan cada gota de la riqueza nacional.

Por supuesto, a la oligarquía colombiana esta idea no le suena, pues si el derecho a matar ladrones fuese verdadero ellos serían las primeras víctimas, pero el poder del Estado les permite también el derecho de robar, más precisamente a despojar y explotar.

La ideología del paramilitarismo, sin entrar a definirla, resuena en las cabezas de buena parte de la población, en especial de la lambona clase media que teme ver a los pobres merodeando por sus casas y conjuntos de apartamentos. Esta ideología sigue viva porque el aparato paramilitar, o lo que es lo mismo, la descentralización de la violencia estatal permanece incólume (y crece) en todo su esplendor, expresándose en la legitimación social del homicidio.

Cobardes y arteros como ellos solos, su derecho a la legítima defensa sólo lo aplican contra ladrones vulgares, pero cuando el ESMAD nos asesina en las calles salen a gritar “sin violencia”.

La llamada y mal entendida izquierda tampoco ha ofrecido respuestas claras al problema del crimen, de allí que las masas se sientan más abrigadas por déspotas autoritarios que por sus representantes “auténticos”. Sin la solución estructural no hay salida a la delincuencia, pero no puede la izquierda confundirse a sí misma con el lumpen, que en muchos casos (como en Medellín) es políticamente conservador. Como muchas revoluciones mostraron, la solución al crimen pasa por  por el disciplinamiento (pero no se reduce a él), cuya mayor expresión es el trabajo; como dijo Marx, no hay mayor fuerza resocializadora que el trabajo, y no creo que se refería precisamente al trabajo libre.