También la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tienen un desafío regional con las víctimas y su participación efectiva en ambos procesos.

Una disputa por la verdad (judicial y no judicial) que se enfrentará a la negación y a la mentira; la búsqueda humanitaria de los desaparecidos haciendo énfasis en las personas y no lo judicial; y la priorización de la atención integral a víctimas para el restablecimiento de sus derechos; son algunas de las principales características que tendrá el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y NO Repetición que ya empieza a implementarse en el país como parte del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC.

De lo que se trata es de hacer posible el derecho a la paz para los colombianos, afirmó el fiscal de la JEP, Giovanni Álvarez, director de la Unidad de Investigación y Acusación. Pero aunque la tarea empieza en esta generación, “por supuesto nuestra generación no va a terminarla. Esto, es tal vez el inicio de lo que las generaciones futuras tendrán que terminar”.

La reflexión se dio en desarrollo del foro Alcances y retos de la participación de las víctimas en la justicia transicional, realizado el 28 de octubre en Medellín por el proyecto Colombia 2020 del diario El Espectador en alianza con la Universidad Pontificia Bolivariana.

La pregunta del evento giró en torno a cómo garantizar los derechos de las víctimas en este sistema de justicia transicional, que está compuesto por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP); la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEV); y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.

En relación con la jurisdicción especial, Álvarez explicó que la JEP  no solo tiene un componente judicial, también “tiene un componente en el marco de la justicia restaurativa, que es mucho más importante, y es la atención a las víctimas de forma integral”.

Lo que se espera, explicó, es poder atender a las víctimas desde el momento mismo en que inicie su proceso en la JEP, tanto en el ámbito judicial como en el psicosocial, y en la restauración de sus derechos.

Partiendo de que el conflicto colombiano se desarrolló en las regiones, más que en la capital o en las principales ciudades, la JEP creará sedes regionales que a la vez tendrán subsedes en distintos departamentos y que fueron definidas teniendo en cuenta el mayor nivel de victimización en algunos territorios.

La JEP, agregó Álvarez, empezará a funcionar el 15 de marzo con la apertura de la sede principal en Bogotá. Se espera que hacia el mes de agosto estén funcionando las sedes regionales. Su ubicación y cobertura será la siguiente:

Bogotá: Cundinamarca, Boyacá, Guainía, Amazonas y San Andrés

Pereira: Eje Cafetero y el sur de Chocó

Neiva: Huila y parte de Putumayo.

Florencia: Caquetá y otras zonas de Putumayo.

Popayán: Cauca, Valle del Cauca y Nariño

Bucaramanga: Santander, Sur de Bolívar y Magdalena Medio

Cúcuta: Norte de Santander y Arauca.

Medellín: Antioquia y el norte del Chocó.

Apartadó: El sur de Córdoba y todo el Urabá antioqueño y chocoano.

Quibdó: Municipios cercanos a la capital de Chocó.

Villavicencio: Meta, Casanare, San José del Guaviare, Puerto Carreño y Mitú.

Sincelejo: Los 7 departamentos de la Costa Caribe, incluyendo el norte de Córdoba. Habrá subsedes con policía judicial en Valledupar y Barranquilla.

En principio, una de las tareas que tiene la jurisdicción es construir “un protocolo de comunicación que garantice que las víctimas puedan participar y tengan una comunicación fluida con el mecanismo de justicia especial”, explicó el fiscal Álvarez. Por eso hay que “llegar a las regiones para escuchar de boca de las víctimas cuáles son sus expectativas y necesidades”.

El desafío de enfrentar la negación y la mentira

“La verdad siempre es una medida de reparación central para las personas que han sufrido una victimización de derechos humanos, porque es un derecho de las víctimas”. De esa manera, Alejandra Miller Restrepo, comisionada de la CEV, refirió la importancia de este mecanismo.

Según Miller, “la CEV permitirá dar pasos profundos en aquello que la Justicia no podrá sacar y que será la CEV la que saque a la luz esa verdad profunda de lo que pasó en el conflicto armado”.

La verdad, afirmó la comisionada, “va a contribuir a la lucha contra la negación y contra la mentira”, pues, según ella, en el desarrollo del prolongado conflicto Colombia ha tenido periodos de fuerte ‘negacionismo’ sobre la violencia que ha sufrido el país.

“Y ese ‘negacionismo’ no solo ha sido por parte de la institucionalidad sino también de la sociedad misma. A veces ha habido una sociedad que ha mirado para otro lado, que se ha rehusado a ver efectivamente lo que nos ha pasado en el marco de esta guerra y este conflicto”, concluyó Miller.

La comisionada añadió este es un momento histórico de los colombianos para reflexionar sobre las prácticas que reeditan la guerra y que necesitamos transformar como sociedad. Y manifestó que otro aspecto importante de este proceso, es que “la verdad es el camino hacia el futuro, es una forma de mirar atrás para construir hacia adelante que es en este momento lo que más nos interesa”.

Acerca del funcionamiento de la CEV, Miller dijo que la comisión va a trabajar en dos frentes importantes. De un lado, los casos emblemáticos sobres los cuales ya existe mucha información recopilada y sistematizada en el país. Y de otro, los territorios en los que hubo muchos silencios, es decir, el proceso no solo se interesará por “los impactos más visibles de los hechos atroces sino también por los silencios en muchos territorios”, explicó.

En consonancia con lo dicho por el fiscal de la Jurisdicción Especial de Paz, la comisionada de la CEV explicó que la intención es hacer emerger la verdad territorial a partir de la confianza que pueda generar este proceso en las comunidades, asociaciones de víctimas y organizaciones sociales.

Una búsqueda humanitaria

“Si existe la Unidad es porque las víctimas lo pidieron. Era su necesidad tener un mecanismo distinto al hasta ahora existente”. Eso afirmó Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, al hacer énfasis en que la comisión será un espacio privilegiado para la participación de las víctimas dado su carácter humanitario.

Monzón hizo énfasis en que la comisión tiene un único mandato: ayudar a encontrar a los desaparecidos, “es ese, no tiene otro mandato. No determinará quiénes fueron los responsables”, porque es una entidad de carácter humanitario y extrajudicial, y es precisamente eso lo que la aparta de los mecanismos tradicionales de búsqueda de desaparecidos, señaló.

El tradicional proceso judicial penal tiene límites y tiene la función de determinar quiénes son los responsables y cuál es su grado de responsabilidad, explicó Monzón, “por eso las víctimas permanente tienen desencuentros con ese proceso, especialmente buscando a sus seres queridos, porque los tiempos del proceso judicial penal no coinciden con los tiempos de las víctimas, los lenguajes no coinciden con los de las víctimas”.

Ante este tipo de barreras, la directora de la Unidad recordó que en el país han sido las víctimas las que históricamente han emprendido la búsqueda de sus seres queridos para luego señalarle rutas a la institucionalidad, y agregó que esos procesos no suelen hacerse en Bogotá o en las capitales sino en las regiones.

De manera que el enfoque humanitario, territorial y la participación de las víctimas en todas las etapas del proceso, “son las columnas sobre las cuales se va a sustentar la unidad de búsqueda”, concluyó Monzón.

Pero este proceso, anotó la directora de la Unidad, es un proceso que exige voluntad política del Estado; articulación con varias instituciones, especialmente con el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi); y apoyo de la sociedad en general.

“Este tiene que ser un proceso en el que la sociedad se comprometa en la búsqueda de esos desparecidos para abrir los ojos y darnos cuenta que haber visto como desaparecían y descompletaban a nuestras comunidades, al llevarse a las personas y no saber de su paradero, tiene todo que ver con nosotros”, reflexionó Monzón.

En general, los tres mecanismos que integran el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, tienen no solo el desafío de atender y darles participación activa a las víctimas en las regiones, sino también de articular sus procesos y vincular a las demás instituciones del Estado para brindar una respuesta integral.