La mañana del 21 de enero de 2018 varias organizaciones campesinas de los corregimientos de San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y Altavista, bloquearon uno de los carriles de la doble calzada Medellín-Santa Fe de Antioquia, en la vereda El Llano, a menos de 500 metros del túnel Fernando Gómez Martínez, regalando manojos de cilantro a los conductores y pasajeros de la fila de carros.  Fue una acción de protesta denominada “Gran regalatón de cilantro y cebolla”.

 Los campesinos  gritaban a todo pulmón y con megáfono consignas para concientizar a la gente: “sin campesinos no hay comida”; “para sembrar la Paz hay que aflojar la tierra”; “toneladas de verduras, hortalizas y flores se pierden por falta de un comercio justo y de apoyo institucional”; “menos burocracias y más garantías para los campesinos”; “los campesinos estamos en vía de extinción”.

Entre los organizadores había campesinos de las veredas El Naranjal, El Llano, las Playas y en general miembros de las comunidades afectadas por el túnel. Hacen parte de las organizaciones y colectivos convocantes como la Guacamaya Justiciera, Mesa Corregimental de Derechos Humanos San Cristóbal, la Asociación de Mujeres Campesinas de San Cristóbal, el Grupo de Investigación Kavilando, Vegetarianos Bello, Asociación Campo Vivo de San Sebastián de Palmitas, Casa de Formación Campesina–Tutaina y Asocampesinos.

La acción fue apoyada por los conductores y pasajeros, que a pesar de la incómoda fila vehicular, pitaban y gritaban arengas de apoyo a los campesinos de Medellín; también estuvo acompañada por profesionales, grupos ambientales, grupos de derechos humanos y familias completas reunidas en apoyo a un sector que ha padecido de manera directa las consecuencias de la guerra, así como la condena a su desaparición por parte del Estado y de una burguesía arrodillada ante las multinacionales.

Fabián Velázquez, campesino del Naranjal, es miembro de la organización Guacamaya Justiciera, un movimiento que, en sus palabras, lucha por los derechos del ser humano y sus comunidades, así como por la conservación del medio ambiente. Argumenta que las comunidades de este sector vienen siendo afectadas en su calidad de vida por la ejecución de túneles y vías, como es el caso del túnel Fernando Gómez Martínez, con un peaje costoso para las comunidades del sector.

Dichas obras  han generado consecuencias como lo son el agrietamiento de las viviendas, el encarecimiento de los insumos y la circulación de los productos, el secado de afluentes, la disminución  y contaminación de sus caudales, consecuencias sociales y ambientales por las que nadie ha respondido hasta hoy.

También se han generado problemas con respecto a la valorización de la tierra y su especulación por parte de las empresas constructoras, ofreciendo precios irrisorios por sus predios y  generando procesos de desplazamiento de familias históricamente arraigadas en este territorio.

Rodrigo de Jesús Arboleda y Susana Vélez hacen parte de la Asociación Campo Vivo y se declaran como campesinos reclamantes de derechos. Exigen un comercio justo y un trato digno para un campesinado que a pesar de haber alimentado por más de 50 años la ciudad hoy es despreciado por ella y sus verduras compradas en el Éxito.

Dicen: “aquí no hay condiciones para continuar y nuestros hijos deben salir a rebuscársela de otra forma (…) para producir media libra de cilantro  o un manojo, un campesino necesita $ 1800 (semillas, los insumos y  trabajo), el cual es comprado por el mayorista intermediario a $ 300 y $ 500, según la temporada, para ser  vendido en la ciudad hasta por $ 2000 pesos a un público que muchas veces no es consciente de la proveniencia de los productos de su mesa”.

Esto demuestra los  problemas generados en la cadena de comercialización, que con la intermediación usurera condenan al campesino, literalmente, a regalar comida para no botarla.

Ante esta realidad ellos exigen garantías por parte del Estado: la promoción del comercio justo, la no violación sistemática de sus derechos, subsidios para la producción y comercialización, educación y asistencia técnica, entre otros.

Esta es la primera acción del 2018, pero los campesinos organizados están construyendo una agenda de movilizaciones, para que Medellín y  toda el área metropolitana, incluyendo los gobernantes, se fijen y tengan en cuenta a las comunidades al momento de hacer sus planes, caracterizados por beneficiar los sectores más privilegiados de nuestro inequitativo país.