Incertidumbre en Nueva Jerusalén por amenaza de desalojo

Foto: Nueva Jerusalén Por: El Colectivo

Por Yeison Camilo García

A partir de los años 50, cuando la violencia por causas políticas se recrudeció en Colombia, las periferias de algunos municipios del Valle de Aburrá (Antioquia) se convirtieron en lugares de asentamiento de puñados de campesinos.

Ellos llegaban con sus familias desde las zonas rurales hacia los cascos urbanos, después de abandonar sus parcelas para preservar sus vidas. Como herencia de esos primeros barrios de invasión, y de la aparición del fenómeno de la migración intraurbana, surgió a mediados de la década del 2000 el caserío Nueva Jerusalén: un asentamiento que limita con el barrio París, en Bello. Allá habitan aproximadamente 15.000 personas en ranchos de madera -y unas pocas casas de material-, construidas en un terreno de aproximadamente 60 hectáreas de lo que se denomina finca El Cortado.

Algunos de esos pobladores -la mayoría de ellos desplazados que demandan legítimamente su derecho a vivir en la ciudad- recibieron en la última semana de noviembre una orden de desalojo por ser considerados invasores. A través de esa resolución (084 de 2015), expedida por el inspector sexto de Policía de Bello, se determinó el desalojo y la demolición de algunas viviendas “por riesgo de posibles deslizamientos”.

Mariana Garcés, desplazada del municipio de Carepa (Antioquia) y habitante del sector La Primera Estación, afirmó que pertenece a uno de los 245 hogares que recibieron la notificación en la cual les dieron diez días de plazo para desalojar. Sin embargo, el procedimiento se fue postergando, de tal suerte que finalizó el año 2015 sin que los gobernantes de turno lo hicieran efectivo.

“Cuando terminó el primer plazo, nos dijeron que el desalojo quedaba para el 27 de diciembre, pero hasta ahora no ha pasado absolutamente nada; todo está callado. Yo fui a averiguar a la Alcaldía y me dijeron que apenas estaban entrando los nuevos funcionarios a ejercer sus cargos. Entonces toca esperar a ver qué dice el nuevo alcalde, César Suárez Mira”, comentó la mujer.

Preocupaciones compartidas

A pesar de que aún se desconoce la fecha en la que el municipio de Bello realizará el desalojo, la preocupación de las familias asentadas en Nuevo Jerusalén persiste. Primero, porque en cualquier momento el equipo de gobierno local puede retomar la resolución y ejecutar el procedimiento; y segundo, porque en la notificación aparecen citados los resultados de un estudio que declara el territorio en condición de alto riesgo.

“Hace por ahí unos 15 o 20 días fui a la Secretaría de Vivienda. Lo que me dijo allá un funcionario, al que no le cogí el nombre, es que cuando hagan el desalojo no van a dar sino tres meses de arriendo, y que vivienda propia no van a entregar”, recordó Mariana, a quien le preocupa perder la casa que construyó con esfuerzos en la  parte baja del asentamiento hace un par de años.

Según afirmó, ni ella ni sus vecinos están en contra del desalojo, pero sí piden que -una vez se reactive el procedimiento- el gobierno los provea de una vivienda propia. Para ellos, añadió, lo importante no es si los nuevos techos se los dan en lugares cercanos o lejanos al asentamiento, sino que aquellos sean lo suficientemente dignos para alojar tranquilamente a sus hijos.

“Yo creo que lo más importante en este desalojo es que nos den vivienda propia, y que tengan en cuenta que todos los sectores en que se divide Nueva Jerusalén están habitados por gente demasiado necesitada, que llegó aquí porque no tenía ningún otro lugar en donde vivir”, reiteró.

Además, sostuvo que cuando el municipio hizo el censo para conocer cuántos hogares y pobladores había en el asentamiento, hubo demasiada gente que se quedó por fuera, “o sea que no recibieron notificación”. Y, según le advirtieron en la Secretaría de Bienestar Social, es posible que no hagan más encuestas y que, por esa razón, algunos no disfruten de los beneficios de arriendo o reasentamiento.

Por otro lado, afirmó Mariana, los habitantes de ese caserío están preocupados por un estudio citado en la orden de desalojo y presentado en abril de 2005 por la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia). Aquel demostró que las casas están construidas en una zona considerada de alto riesgo, por ser una pendiente escarpada proclive a posibles deslizamientos y sin un manejo adecuado de las aguas superficiales.

En ese sentido, la finca El Cortado podría ser desalojada en su totalidad. “Así aparece en la notificación que me entregaron a mí en La Primera Estación y a algunos vecinos. Yo me di cuenta de que en la parte baja de Nueva Jerusalén también están consideradas en alto riesgo algunas viviendas de sectores como El Plan y los límites con Los Girasoles. Y más arriba, otros sectores que están a la orilla de la quebrada La Loca”, puntualizó.

No obstante, cuando revisó el estudio geológico, realizado por los profesionales de Corantioquia, notó que aquel se refería a dos sectores de la parte alta del asentamiento como habitables, pero con intervenciones obligatorias, como la instalación de filtros y cunetas para las aguas, y con serias restricciones a la hora de definir qué y cómo construir.

Incluso con esos riesgos evidentes, Mariana y los demás habitantes de Nueva Jerusalén continuarán viviendo allá hasta que se efectúe el desalojo. Y lo harán con una preocupación permanente por las crecientes de la quebrada en invierno y aún sin entender por qué están recibiendo la cuenta del impuesto predial si sus casas y ellos mismos están parados sobre un terreno que ni siquiera es seguro.