Por Bibiana Ramírez - Agencia Prensa Rural

 

La historia de la mujer rural colombiana ha estado marcada por la desigualdad y discriminación. Ellas padecieron la peor parte en la guerra y estuvieron sometidas al dolor sin reparación. Ahora ven una esperanza de inclusión con el Acuerdo de Paz a través de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial.

Rocío González, presidenta desde hace cinco años de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Nieves, en el municipio de Anorí, cuenta con orgullo que remodelaron la caseta comunal “porque insistí mucho en que las mujeres necesitábamos un lugar digno para reunirnos”. El lugar queda a siete horas de camino del casco urbano y está habitada por 86 familias. “Desde que yo soy la Presidenta, las mujeres participan más de las actividades, hago lo que más pueda para motivarlas, que se apropien del territorio y no me dejen sola”.

La remodelación se hizo gracias a la priorización de esta comunidad como parte de los Programas de de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), tras evaluar la necesidad que tenían las pobladoras de un sitio para hacer sus encuentros, tal como lo destaca la líder González. 

Ese liderazgo femenino fue tenido en cuenta en los Planes de Acción para la Transformación Regional (PATR), firmados en Antioquia en diciembre de 2018, resultado de los PDET. En los documentos quedó establecido que estos nuevos espacios de participación  “pueden constituir el escenario propicio para superar las brechas de género y las condiciones que históricamente han generado discriminación y desventajas para las mujeres rurales. Esto hace posible equilibrar el desarrollo territorial”.

Según datos preliminares del censo agropecuario de 2014, el 23,4 por ciento de la población colombiana es rural y de ella el 47,1 por ciento son mujeres que viven en condiciones de inequidad y exclusión. Por tal razón, en el Acuerdo de Paz pactado con las antiguas Farc se planteó un componente especial con enfoque de género para que las mujeres campesinas tengan los mismos beneficios que los hombres como la adquisición de tierras, proyectos productivos, participación política y reparación por los daños causados en la guerra, entre otros.

Esa inclusión se refleja en el pilar 8 de la Reforma Agraria Integral acordada con la extinta guerrilla, relacionado con la reconciliación, convivencia y construcción de paz, que propone acciones que mitiguen “las afectaciones específicas que han tenido las mujeres rurales por el conflicto armado, la violencia y el desplazamiento forzado. También, se debe facilitar y fortalecer su participación política y ciudadana en la implementación del Acuerdo Final y en la construcción de paz y asegurarles medidas especiales de protección”.

Con la participación de las mujeres en la construcción de los PDET, las comunidades rurales antioqueñas, particularmente las de los 13 municipios del Bajo Cauca, Norte y Nordeste priorizados, esperan acceder a proyectos productivos y a recursos que puedan mejorar las condiciones de vida durante los próximos diez años. 

De acuerdo con las proyecciones del DANE para 2018, la población de esta gran subregión está compuesta por 484.730 habitantes, distribuidos en un 50,6% por hombres (245.064) y un 49,4 por mujeres (239.666). Esos habitantes están distribuidos en Anorí, Amalfi, Ituango, Valdivia, Briceño, Remedios, Segovia, Tarazá, Cáceres, Caucasia, Zaragoza, El Bagre y Nechí.

Mujer minera en el Bajo Cauca antioqueño. Imagen Bibiana Ramírez

Participación femenina

Desde 2017 se inició la implementación con obras de Pequeña Infraestructura Comunitaria (PIC) a la par que se iban construyendo los PATR que, durante diez años, buscarán transformaciones rurales. Todo ello en su conjunto conforman los PDET.

Para que la participación de las mujeres fuera efectiva en la estructuración de las iniciativas, a cada municipio debían llegar delegadas de organizaciones de víctimas y Juntas de Acción Comunal con propuestas previamente trabajadas en comunidad, para luego debatirlas, concertarlas y agregarlas al PATR según las condiciones de vida en cada territorio. Luego de todo ello, ese trabajo debía socializarse nuevamente en las veredas.

Entre las mujeres que han participado en la formulación de la iniciativas PDET hay mucho optimismo; sin embargo, esas ilusiones contrastan con la violencia que impera en esta amplia región de Antioquia, dificultando, incluso, las tareas de socialización entre las comunidades.

“Hace rato que hicimos la capacitación, pero no hemos ejercido esos talleres porque el orden público no nos ha dejado. No hemos entrado al campo para devolver a nuestras compañeras lo aprendido. Trabajamos el asunto de la sensibilidad con la violencia, fortalecimiento de nosotras, cómo construir las bases territoriales, defender los derechos; muchas son desplazadas y creen que pierden sus derechos y no”, afirma Gladys Agudelo, líder de la Asociación de Mujeres Cabeza de Familia Desplazadas por la Violencia del municipio de Tarazá.

Pero no sólo la grave alteración del orden público ha ocasionado limitaciones en la divulgación de lo realizado en los encuentros de formulación de los PDET. En Remedios y Briceño, por ejemplo, algunas mujeres que participaron en esos talleres no quedaron satisfechas porque sintieron que fueron actividades de relleno y no de verdadera participación. 

“Nos hacían ir a reuniones sin darnos los viáticos, o tocaba regresar el mismo día a la vereda porque no había para el hotel y lo que nos quedaba era agotamiento y después no se volvía a hablar nada de eso, todo quedaba en el aire”, asegura una líder de Briceño que pidió la reserva de su nombre.

En Ituango, por el contrario, las capacitaciones estuvieron a cargo de las mismas mujeres, incluso, la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango (AMII) ejecutó una obra PIC, convirtiéndose en el único caso entre los trece municipios priorizados en esta región de Antioquia.

“Nosotras ejecutamos una obra de mejoramiento de la escuela y restaurante escolar en la vereda La Sebastiana. Costó 56 millones de pesos, 7 millones fueron de administración. Beneficio económico en sí no trae mucho, porque la idea del proyecto era ejecutar todo el dinero en las comunidades, pero la experiencia fue grande, es la primera vez que hacemos este tipo de trabajo y ya sabemos que podemos ejecutar otras obras”, cuenta Gloria Elena Misas, tesorera de la Asociación.

Mejoramiento de la escuela rural La Sebastiana. Imagen cortesía Asocomunal Ituango

Misas afirma que en la construcción de las iniciativas, la participación femenina fue igual que la masculina y destaca que ellas fueron enfáticas en sus necesidades: “Pedíamos que tuviéramos más participación en todo lo que tiene que ver con el desarrollo. Propusimos que se nos construya una casa para la mujer en Ituango a donde todas puedan llegar según sus necesidades; por ejemplo, cuando salen del hospital con sus bebés y quieran recuperarse, o mujeres que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar y puedan recibir toda la atención necesaria”.

La participación de mujeres en Anorí también fue por mitad, incluso muchas de ellas apoyadas por los hombres con recursos para que pudieran asistir a los talleres. “Las mujeres estamos más empoderadas ahora. Nosotras participamos de las actividades porque la Junta nos dio para los viáticos y las minas también aportaron. Estamos esperanzadas en que se puedan mejorar nuestra condición de vida en las veredas, que las mujeres no sigamos sufriendo el abandono”, dice Luz Mery López, líder de la vereda Tacamocho.

Sobrevivir a la guerra

La vereda San Isidro es un pequeño caserío a tres horas de la cabecera municipal de Anorí. Para llegar allí primero hay que pasar por una base militar, luego un retén de la policía y después, nuevamente, aparece el Ejército en la vereda La Plancha, donde se instaló el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR), que concentra excombatientes de Farc que dejaron sus armas y se encuentran en camino a la reincorporación.

Cuentan las mujeres de esta vereda que eran constantes los bombardeos y las arremetidas del Ejército buscando guerrilleros y fumigando los sembradíos de hoja de coca para uso ilícito. Ellas corrían con sus hijos a salvar las vidas mientras sus esposos estaban “raspando” en los cultivos ilegales. Llegaba la incertidumbre porque no sabían si ellos regresarían nuevamente a sus casas. Muchos no lo hicieron.

La vereda tiene 250 habitantes. El Estado nunca tuvo presencia allí. La carretera la abrieron entre todos y la escuela fue construida en comunidad. Hace apenas cuatro años que llegó el servicio de energía eléctrica y aunque haya varias hidroeléctricas y microcentrales en la región, aún faltan 15 veredas por electrificar.

Allí todos vivían de la hoja de coca. Pasaban al otro lado del río Anorí donde estaban los cultivos ilegales para trabajar en ellos. Eran pocas las mujeres que podían estar fuera de sus casas. “Yo siempre trabajé con los hombres y hasta me les adelantaba raspando coca, muchos de ellos sentían rabia de ver a una mujer ganarles en el corte. A mis hijos los crié raspando coca, no quise pegarme a una cocina a pesar de que muchas mujeres me criticaban”, cuenta María Nubia Muñoz en medio de sonrisas. Ahora todos sus habitantes se acogieron al Plan Nacional Integral de Sustitución Voluntaria (PNIS) y cortaron todos los cultivos de coca.

Una vez superada parte de esa violencia en San Isidro, un grupo de mujeres decidió juntarse para participar de manera más activa en las decisiones de su comunidad. A la par, crearon un proyecto de panadería, que aunque lleva dos años, y la poca aceptación de sus esposos, aún lo mantienen y surten a la vereda de pan fresco. 

“Lo que más nos compran son los pandequesos y los panes, pero también hacemos parva dulce. Lo que nos falta es tener un espacio adecuado para que la producción sea mayor y poder sacarlos a otras veredas, incluso al municipio”, cuenta Elida Quiroz. El grupo está conformado por 22 mujeres y aunque empezaron 50, se han ido saliendo porque creen que no avanzan.

Mujeres de San Isidro reunidas en la panadería. Imagen Bibiana Ramírez

También quieren un taller de confecciones y aunque tienen un terreno que les donaron para hacer sede, aún no pueden construir nada porque no tienen escrituras de ese predio, igual que nadie las tiene de sus casas. La vereda ya cuenta con la caseta comunal que fue entregada en diciembre del año pasado como parte de la implementación de los PDET.

En Remedios las mujeres campesinas han hecho cuatro encuentros interveredales liderados por los comités de mujeres de la Corporación de Acción Humanitaria por la Paz y la Convivencia del Nordeste antioqueño (Cahucopana). Ellas han visto la necesidad de trabajar conjuntamente, pues tienen muchas historias qué contarse, qué comprender y qué sanar. Han sido las que han vivido el conflicto de cerca. 

“Nos reunimos porque es la mejor manera de nosotras visibilizar nuestro sufrimiento, todos los atropellos que nos han hecho en la regiones, el despojo, las hambres que hemos aguantado, los familiares que la guerra nos ha quitado”, dice Carmen Restrepo, líder de la vereda Dosquebradas.

Después de la firma del Acuerdo de Paz han llegado muchas iniciativas de proyectos para fortalecer a las mujeres, sin embargo aún no han empezado a ejecutarse los PDET, lo que genera incertidumbre en las comunidades. Ellas también son conscientes de que falta más organización, romper con los esquemas que les ha impuesto la sociedad y poder dedicarse a otras labores distintas a las del hogar, sin abandonarlo; incluso, creen que es necesaria más armonía entre ellas para no seguirse comportando como enemigas.

La guerra y la desigualdad sólo se debe quedar en el recuerdo. “Las mujeres campesinas soñamos con un país diferente, en igualdad de condiciones. Que podamos acostarnos sin ningún temor, viendo nacer un sol sin ninguna preocupación, sino disfrutando el amanecer, trabajando de la mano con nuestros compañeros, que las cargas sean distribuidas”, termina diciendo la líder de Dosquebradas.

 

Portada: Encuentro de mujeres del Nordeste Antioqueño en Carrizal, Remedios. Imagen Bibiana Ramírez